Noticia propuesta por Carmen Martín Martínez
Los empleados públicos de Castilla y León contarán con
medidas legales de protección de su puesto de trabajo y garantía de su
anonimato cuando denuncien prácticas vinculadas a la corrupción de otros
funcionarios o altos cargos. Para ello, la Junta conoció ayer el anteproyecto
de ley que regula la protección de los informantes sobre delitos contra la
administración pública, cuya tramitación se iniciará de forma inmediata para su
aprobación en el menor tiempo posible.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, explicó que esta norma, pionera en España, regulará las
actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la administración
autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la administración
pública y establece las garantías de protección laboral de los informantes.
Esta nueva legislación afectará no sólo a los funcionarios, sino también al
personal estatutario y laboral.
El cohecho, la prevaricación, la malversación de fondos
públicos, el fraude y el tráfico de influencias son algunos de los tipos
penales que forman parte de las prácticas conocidas como corrupción que pretende
«prevenir» la Junta con esta norma, según De Santiago-Juárez, quien considera
que algunos están «sobeteando mucho» el término de regeneración política pero
lo que hay que hacer es «tomar medidas» para prevenir y evitar que la
corrupción no se produzca.
«Ser muy contundentes cuando se produce un caso es lo
normal», reiteró el consejero, quien adelantó que la tramitación se iniciará de
manera inmediata porque «tenemos mucha prisa en que salga adelante». La Junta
pretende que, dada la brevedad de su articulado, la ley pueda estar aprobada en
los próximos meses, para lo que tras los informes preceptivos se intentará que
se tramite por la vía de urgencia en las Cortes de Castilla y León.
La norma contempla que los datos personales de los empleados
que informen a la Inspección General de Servicios tendrán carácter reservado
para proteger su identidad, así como garantiza la imposibilidad de ser removido
de su puesto de trabajo o la posibilidad de pedir el traslado a un puesto
similar. El consejero explicó que estas mismas garantías se pondrán en marcha
si la denuncia se realiza ante la Fiscalía.
Sin embargo, el anteproyecto de ley introduce la prevención
de que si se trata de informaciones infundadas el empleado público podría ser
sancionado como autor de una falta grave, sin perjuicio de los tipos penales de
acusación y denuncia falsas y simulación de delito.
Procedimiento. Ante cualquier denuncia sobre
posible corrupción, la Junta abrirá una información reservada, en la que
«se omitirán los datos personales y todos aquellos que pudieran llevar a
su identificación», que trabajará con carácter prioritario para alcanzar una
resolución en un plazo de dos meses, que en casos excepcionales puede
extenderse a los seis meses.
En caso de que el informe concluya apreciando «indicios
racionales de un posible delito» será trasladado al Ministerio Fiscal, mientras
que si únicamente se aprecia una infracción administrativa se abrirá un
expediente sancionador.
En ambos casos, la Junta trasladará los informes al
Procurador del Común como garante de la transparencia en Castilla y León, según
recoge la normativa, que también contempla la obligación del Gobierno
autonómico de presentar ante la comisión correspondiente de las Cortes un
informe anual con el número de denuncias y el órgano al que se haya dado
traslado.
Finalmente, el consejero detalló que para el personal
laboral y los empleados de las empresas públicas, el anteproyecto prevé un
«procedimiento y sistema de garantías similar» en su convenio colectivo, lo que
requerirá de una modificación expresa.
De Santiago-Juárez insistió en que esta norma es un «paso
más por el camino de la prevención del delito», lo que considera fundamental
para evitar la corrupción. «Cuando aparece el delito claro que hay que ser
contundente, pero antes de eso hay que intentar evitarlo», concluyó.
Noticia publicada
originalmente aquí.
