El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha concluido con
46 acusados, entre ellos, 37 agentes en activo, un superintendente, cinco
miembros del Tribunal de las oposiciones, un empresario y un miembro de la
junta de personal del Ayuntamiento, la investigación de la causa abierta por la
presunta filtración de los contenidos de los exámenes en las dos convocatorias
de empleo público promovidas en el año 2012 por el Ayuntamiento hispalense para
cubrir puestos de la Policía Local.
Entre los acusados figuran 37 agentes beneficiados por la
filtración de respuestas.
De este modo, y según una diligencia de ordenación
fechada el 12 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan
Jesús García Vélez da por concluida la instrucción de la causa y la remite al
Juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento, todo ello después de que se hayan
presentado los correspondientes escritos de defensa por las representaciones de
los acusados "y estando conclusa la fase intermedia".
La Fiscalía de Sevilla, cabe recordarlo, ha solicitado 13
años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el
superintendente de la Policía Local, Juan José García, por dos delitos
continuados de descubrimiento y revelación de secretos y de prevaricación.
"De las consecuencias económicas y de toda índole administrativa que
acarree dicha declaración de nulidad responderán" los agentes que se
beneficiaron del presunto fraude en las oposiciones de manera solidaria junto
al Ayuntamiento, "que lo hará como responsable civil subsidiario".
Dos convocatorias La Fiscalía relata que fue el 11 de septiembre de 2008 cuando
se publicó la convocatoria de selección de aspirantes para cubrir 56 vacantes
existentes en el Cuerpo de Policía Local, mientras que el 1 de abril de 2011 se
convocó un nuevo proceso de selección de aspirantes para cubrir 47 vacantes.
Comenzando por la convocatoria de 47 plazas, señala que el Tribunal estaba
formado por el superintendente, como presidente, y tres vocales que son agentes
también del Cuerpo.
El fiscal explica que, a dicho proceso selectivo, "se
presentaban determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de
amistad, o familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y
aprobar pos los miembros del Tribunal, abstracción hecha de su capacidad y de
sus méritos y aun cuando dicha resolución resultara injusta", poniendo
como ejemplo que el superintendente era en esas fechas compañero sentimental de
la hermana de un opositor y tío de otro aspirante. El presidente del Tribunal
era pareja de la hermana de un opositor y tío de otro de los aspirantes.
Este último imputado, "pese a concurrir en el mismo
causa de abstención por dicho doble motivo, no se abstuvo de participar en
dicho proceso ni comunicó formalmente a la autoridad que lo había nombrado
miembro del Tribunal dicha causa", dice el Ministerio Público, quien
también cita el caso de un opositor acusado que era hijo del presidente del
Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme).
Filtración "selectiva" Al hilo, dice que uno de los imputados, como
afiliado de aquel sindicato, a fecha de la celebración del proceso selectivo
era miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, y había
compartido "muchos años de labores sindicales" con el padre del
opositor citado, que además "era su superior jerárquico en el
sindicato", no obstante, lo cual "no se abstuvo de participar en
dicho proceso".
Agrega el Ministerio Público que los miembros del Tribunal
acusados "filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de
corrección del caso práctico" a un total de 19 aspirantes, precisando que
"las bases de la convocatoria ordenan taxativamente a los miembros del
Tribunal elaborar el caso práctico y la plantilla de corrección el mismo día
del examen e inmediatamente antes de éste".
Sin embargo, el superintendente y otros cuatro miembros del
Tribunal, "con desprecio absoluto de esa norma, elaboraron el caso
práctico y la plantilla de corrección días antes del examen y filtraron de modo
selectivo e intencionado la plantilla de corrección a los aspirantes a quienes
tenían intención de favorecer", mientras que, con posterioridad a la
elaboración de dicha plantilla de corrección "y su filtrado selectivo a determinados
aspirantes", un vocal del Tribunal elaboró una ampliación o complemento a
dicha plantilla "al entender que era preciso complementar algunas de las
respuestas en la primera confeccionadas".
La Fiscalía señala que la plantilla de corrección inicial
"filtrada" a los aspirantes seleccionados "contenía varias
erratas", de manera que "los aspirantes beneficiados con la
filtración de la plantilla de corrección copiaron todas estas erratas y algunas
otras peculiaridades que contenía esta plantilla en sus respuestas al supuesto
práctico, así como otras que contenía la plantilla complementaria
elaborada". "Opacidad absoluta" "Para garantizar la
opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del Tribunal decidieron
que la lectura del ejercicio del caso práctico no se llevara a cabo por el
aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos mismos a puerta
cerrada", asevera el fiscal, que sostiene que, tras la realización de las
pruebas y "conociendo la manifiesta injusticia de la resolución", el
superintendente y varios miembros del Tribunal firmaron el acta y resolución
finales declarando superada la prueba y aptos a los 17 aspirantes mencionados.
Entre los opositores beneficiados por la
"filtración" figura el hijo del delegado y responsable de ventas de una
empresa que suministra ropa a la Policía Local de Sevilla, "beneficiaria
de la adjudicación de diversos contratos para el suministro de vestuario"
para la Policía Local de Sevilla de 2007 a 2013. Por lo que respecta al proceso
selectivo de 56 plazas, el Tribunal estuvo conformado por el superintendente,
tres vocales, un suplente y, actuando como secretario, un funcionario del
Ayuntamiento, destacando que "la principal novedad para esta convocatoria
era la entrada entre los miembros del Tribunal de dos funcionarias de la
Junta", a cuya instancia se decidió que el caso práctico se leyera por
cada opositor en audiencia pública y no a puerta cerrada como en la primera
oposición, "lo que dotaba al proceso de mayor transparencia". Entre
los aspirantes figuraba también el hijo del responsable de ventas de una
empresa que suministra ropa a la Policía.
Aportación realizada por: Antonio Lorenzo Ortiz (Derecho y GAP)
