El Gobierno de Castilla-La Mancha no contratará este año
nuevo personal laboral temporal ni interinos excepto en "casos
excepcionales", siempre que se cuente con dotación presupuestaria y previo
informe de la dirección general competente en materia de presupuestos. Solo se
podrán cubrir con interinos plazas en casos considerados "absolutamente
prioritarios", o que "afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales".
En una orden publicada este viernes en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, el Ejecutivo explica que "con carácter general, se
considerará que no existen necesidades urgentes e inaplazables", para
cubrir puestos de trabajo en caso de que los titulares del puesto acepten una
comisión de servicios, licencias sin sueldo o cualquier "licencia cuyo
otorgamiento esté condicionado a las necesidades del servicio".
Para contratar personal de forma temporal en esos casos
excepcionales, la Junta exigirá a cada departamento un informe completo que
indique las "insuficiencias de la plantilla", e incluya una
valoración económica de la medida, que deberá estar respaldada con su
correspondiente financiación. Cuando se trate de personal no docente, la
dirección de Función Pública también deberá intervenir para respaldar o no la
contratación. No será necesario informe cuando se trate de cubrir las
sustituciones de vacaciones en el Servicio de Salud o en programas temporales,
así como los contratos de relevo temporales. Cada cuatro meses, la Junta
vigilará que se mantienen las causas de urgencia que motivaron la contratación.
Lo que no limita la orden es el fichaje de personal
directivo de instituciones sanitarias y alta dirección. Para materializar
nuevos contratos la Junta pedirá un informe que deberá contender detalles del
puesto de trabajo, duración y una justificación de que existe financiación
"adecuada y suficiente".
La orden llega en la misma semana en que el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condenó a la Junta a readmitir a
cerca de 500 interinos despedidos indebidamente en agosto de 2012. El fallo,
dio la razón a UGT y al Sindicato de Administración y Servicios (STAS), y
subraya que la Junta "violó el derecho a la libertad sindical que consagra
el artículo 28 de la Constitución”. Esta mañana unas 300 personas se concentraban
ante el Gobierno regional en protesta por la decisión de la Junta de recurrir
al Supremo la sentencia.
Gustavo Fabra, de STAS, criticó que la orden de Hacienda es
"un ataque más", de la Junta a los trabajadores y a los servicios
públicos de la comunidad.
Aportación realizada por: Antonio Lorenzo Ortiz (Derecho y GAP)
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