Noticia propuesta por Mª Dolores Jiménez López.
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley que reforma la formación en el trabajo a dos días de las elecciones andaluzas. Después de todos los casos de fraude destapados, este cambio en la formación era esencial, subrayó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
La reforma impone mayores sanciones y controles, abre la gestión de los cursos a la competencia y en la práctica quita el control a sindicatos y patronal para que se lo quede exclusivamente el Gobierno central y las Comunidades, precisamente las que tenían que vigilar los casos de corrupción.
El modelo ciertamente no ha funcionado como debería en sus veinte años de existencia. La calidad de la formación deja bastante que desear. Y el desajuste entre las necesidades del tejido productivo y los cursos también se ponía en cuestión. Pero se antoja igualmente dudoso que una reforma dirigida por el mismo Ministerio que lleva el Sepe sea la más eficiente.
La idea de fondo de esta reforma más bien reside en que el Gobierno intenta apropiarse de esos recursos para poder destinarlos a la formación de parados y no a la de los trabajadores. Y ello a pesar de que esos dineros proceden de las cotizaciones de los ocupados con el propósito exclusivo de formarlos. Por más que varias sentencias les otorgan el control de estos mecanismos, los sindicatos y la patronal han claudicado castigados por los escándalos de corrupción y sólo podrán participar en la planificación estratégica de los cursos.
Pero el electoralismo de un Gobierno con problemas en las encuestas no acaba ahí. El Ejecutivo también aprobó una ampliación de la oferta de trabajo de funcionarios. Fruto de la crisis, el Gabinete de Rajoy congeló buena parte de la tasa de reposición de empleados públicos. No obstante, en los últimos Presupuestos esto se modificó, aumentando la tasa de reposición al 50 por ciento de las plazas descubiertas. Y en este Consejo de Ministros Montoro anunció 7.416 nuevos puestos de trabajo y 3.854 promociones internas.
Una vez más, Montoro subrayó que se había acabado la reducción de plantilla del sector público, toda vez que su tamaño había descendido a los niveles del año 2004. Según los datos que ofreció, la oferta de la Administración General del Estado aumentará este año respecto al pasado de 905 a 3.452 efectivos; la de la Justicia de 85 a 1.430; la de Local con habilitación nacional de 221 a 250; la de la Policía de 314 a 374 y la de la Guardia Civil de 159 a 820. Sin embargo, pese a lo dicho por Montoro y aunque no se aclararon las cifras, estos guarismos de nuevas plazas parecen apuntar que efectivamente tan sólo se está reponiendo la mitad de los puestos que se dejan vacantes.
NOTICIA PUBLICADA ORIGINALMENTE EN:
http://www.rrhhmagazine.com/noticias.asp?id=5311
Comentario realizado por Antonio José Santamaría Ruiz:
ResponderEliminarTranscurrido ya el período electoral resulta interesante observar en perspectiva este tipo de noticias. Muchas veces los ámbitos de actuación discrecional (bajo criterio político o de oportunidad) son empleados en no pocas ocasiones con insuficiente diligencia y producen decisiones cuestionable finalidad vinculación con el interés general consagrado en el art. 103 de la CE.
Este tipo de medidas (que suelen ser comunes a todos los niveles administrativos-territoriales) máxime cuando se producen cercanas temporalmente a períodos electorales levantan no pocas suspicacias y posiblemente tengan fundamento. Si bien es cierto que el EBEP se centra en el régimen jurídico de los funcionarios al servicio de la administración los principios éticos y de conducta recogidos en los artículos 53 y 54 predicándolos de estos en el ejercicio de sus funciones lo cierto es que conexión con principios de la ética pública por parte de la Administración resulta cuanto menos lógica (cuando no evidente). Como es sabido la propia Constitución recoge una serie de principios que deben regir el funcionamiento de la Administración, algunos de ellos de impronta más técnica y jurídica y otras (como la que nos ocupa) de un cariz ético lo cual no abarcaría únicamente a funcionarios o empleados laborales sino también a los cargos de políticos dentro de la misma. Así de principios como la búsqueda del interés general o de eficacia se deducen otros recogidos en el EBEP como la no contracción de obligaciones económicas que puedan resultar conflictivas, la actuación en base a eficacia, economía y eficiencia así como la búsqueda del interés general o la dedicación al servicio público que (entre otros principios éticos y de conducta) se encuentran implicados en supuestos como este.
Y es que no solo a nivel de la Administración General del Estado sino que también en instancias autonómicos y sobre todo locales la dotación de plazas (y el consiguiente puesto de trabajo, pues no son el mismo concepto aunque sí están muy relacionados) queda desvirtuada como un medio o herramienta destinado a la satisfacción del interés general y las demandas de la población para instrumentalizarse como elemente de clientelismo y obtención de favores de cara a procesos electorales. Este tipo de conductas (que tratan de ser justificadas por ejemplo alegando la falta de personal lo cual choca con las bajas tasas de reposición) no pueden ser prevenidas simplemente mediante la mera proclamación de principios asumiendo que acríticamente serán aprehendidos y aplicados de manera “natural” (como bien señalaba Gresham) sino que resulta preciso en primer lugar concienciar que lo que aparentemente puede resultar ventajoso de manera inmediata (la posibilidad de acceso a la función pública) si este tipo de políticas no están enfocadas a la consecución del interés general puede resultar contraproducentes al emplearse recursos públicos para intereses puramente privados o partidistas. Además de ello es preciso llevar a cabo una activa educación cívica en tal sentido así como un sistema de control administrativo y judicial para evitar o al menos solventar estos posibles conatos corrupción (Klitgaard).