Noticia publicada por Alejandra Soto Moreno
Esta semana encaramos la fase crítica de las negociaciones para formar gobierno a partir del parlamento multipolar electo el 20D. En este contexto diverso, existe sin embargo un acuerdo bastante general en que la ciencia es un sector clave para que la recuperación vaya acompañada de un cambio real que mejore la sociedad, la economía y el bienestar de los españoles a medio y largo plazo.
Un esfuerzo inteligente en renovar tanto la estructura como la gobernanza del sistema científico español puede significar un cambio cualitativo para la sociedad y la economía españolas. Esta renovación es posible si se aprovecha el elevado potencial de los miembros que todavía integran este sistema y se revierte la sangría de investigadores muy preparados que llevan un lustro migrando a otros países. Pero estos recursos humanos de primera calidad sólo se aprovecharán si se desarrolla un sistema de I+D+i eficiente, ágil, temáticamente diverso, bien enraizado en producir ciencia de base de calidad y capaz al mismo tiempo de conectarla con la innovación tecnológica. Además, solo tendrá un futuro estable si se garantizan partidas presupuestarias consensuadas a largo plazo, independientes de vaivenes políticos.
No parece necesario volver a repasar los problemas seculares que lastran la eficiencia del sistema científico español, y que no se limitan a la escasez de fondos. Multitud de posts de Ciencia Crítica y otros blogs que se ocupan de la ciencia y la política científica han discutido en profundidad las razones que explican por qué la eficiencia en la inversión en I+D española, tanto pública como privada, está lastrada por factores como: la falta de agilidad de gestión; la ausencia de rendición de cuentas ligada a los resultados; el excesivo e ineficiente control del gasto; las estructuras burocratizadas y excesivamente centralizadas de organización y control de recursos; el reparto arbitrario de inversiones entre temas y disciplinas (en base a criterios políticos ajenos a la necesaria planificación estratégica a largo plazo); y la limitada capacidad de las empresas españolas para rentabilizar la inversión en investigación. A ellas se suma la falta de interés de los sucesivos gobiernos por potenciar un sistema científico público moderno, potente y eficiente que funcione de manera independiente a sus respectivas ideológicas y color político.
La oportunidad es única no sólo por el cambio de gobierno, sino también por la necesidad de cambiar de modelo productivo y social. La reciente creación de la Agencia Estatal de Investigación, el evidente fracaso del funcionamiento del CSIC como agencia estatal, y el actual estado de depauperación de las Universidades y Organismos Públicos de Investigación, ofrecen una amplia gama de posibilidades de realizar una reforma institucional en profundidad del sistema.
Menos de una semana antes de las elecciones, una delegación de los autores de la carta abierta que pedía una reforma del CSIC –entre ellos varios miembros de Ciencia Crítica– se reunieron en La Casa Encendida (Madrid) con delegaciones de todos partidos políticos con representación parlamentaria, con el objetivo de discutir cómo afrontar dicha reforma. La reunión no fue comunicada a los medios para alcanzar un acuerdo lo más amplio posible, evitando que se mezclara con la campaña electoral que entonces encaraba su última semana. Estuvieron presentes representantes de todos los partidos con representación nacional o europea (incluyendo algunos que después entraron en el parlamento nacional y otros que salieron) excepto el PP, que había confirmado su asistencia pero la declinó a última hora por problemas de agenda.
Durante la reunión los proponentes de la reforma del CSIC expusieron sus propuestas más importantes, que incluían la necesidad de agilizar la gestión,descentralizar el organismo, y asegurar una rendición de cuentas basada en resultados y con consecuencias tangibles para gestores y científicos. Los representantes de los partidos aportaron su visión, la experiencia de gestión en casos exitosos como el del ICREA catalán, y su experiencia parlamentaria para impulsar la reforma en la nueva legislatura. Para los que no nos dedicamos a la política de manera profesional, resultó enriquecedor e ilusionante ver que la práctica totalidad de los representantes de los partidos políticos estaban dispuestos a debatir de forma constructiva y a sumar esfuerzos para mejorar las cosas.
Algo que quedó patente durante la reunión fue la elevada sintonía entre los diagnósticos de los distintos grupos presentes. Tanto políticos como científicos coincidimos acerca de la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales en el sistema científico español. Es obvio que partidos con diferentes sensibilidades e idearios políticos mostraron ideas diferentes acerca de cómo implementar estas reformas, y diferentes interpretaciones sobre varios puntos de la propia propuesta. Esto ya era patente en sus programas electorales. Pero esas diferencias también existían entre los propios investigadores, y no nos impidió alcanzar un consenso sobre los problemas y soluciones más generales. De hecho, la sensación general al final de la reunión era que es posible acordar un pacto transversal para la reforma de nuestra I+D (que incluya la necesaria reforma del CSIC) a nivel parlamentario con bastante facilidad. Sólo falta por tanto que esta convicción común se traslade a su consideración como tema prioritario a tratar en la agenda parlamentaria.
La gran cantidad de puntos en común entre los participantes de la reunión evidencia que es posible consensuar las directrices necesarias para dotar de contenido concreto el pacto por la ciencia que ya fue suscrito en su día por la práctica totalidad de los grupos políticos. Este pacto puede servir para establecer políticas a corto, medio y largo plazo que aseguren la fortaleza de nuestro sistema científico y que sean independientes del color político del gobierno. Para ello no sólo es imprescindible seguir las directrices generales que marca el citado pacto. Es aún más necesario adquirir el hábito de discutir las partes más específicas de su implementación entre todos los actores del sistema científico español.
Aunque es preciso entender que la decisión final de la implementación de las políticas científicas corresponde al gobierno de turno, que debe escuchar, consensuar en la medida de lo posible, y luego decidir qué se hace, tenemos que enfatizar que cuanto más transparente y participativo sea este proceso, más probable es que el siguiente gobierno no eche abajo las políticas implementadas por el anterior. Es incomparablemente mejor un pacto de mínimos que una alternancia de máximos: políticas y normas que en el fondo buscan lo mismo, pero que introducen cambios tan severos en las formas que no permiten consolidar lo alcanzado y avanzar sobre ello.
Este escenario de debate y transparencia es mucho más fácil con gobiernos en minoría o con amplias coaliciones que obliguen a debatir y generar acuerdos que permitan la aprobación de leyes. No importa si mediante gobiernos de coalición, en minoría o con presidencias rotativas. Al fin y al cabo, para eso tenemos un Parlamento: para discutir y, en la medida de lo posible, consensuar. Esto es lo que necesita la ciencia española si queremos llegar a desarrollar y aprovechar su potencial para generar riqueza.
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