Cómo afrontar el reto del cambio del sector público

Reflexión personal presentada por Paula Tamarit Rodríguez

¿En qué hay que transformar la Administración Pública española?

¿Por qué es necesaria una transformación? Es necesaria una transformación porque una sociedad avanzada y democrática no puede prescindir de una Administración Pública ágil  y capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia. El mundo está cambiando y las Administraciones no siempre lo hacen al mismo ritmo, lo que puede provocar que estas se conviertan en un freno al desarrollo. Para evitarlo, es necesario cambiar enfoques, estructuras y prácticas propias de otros siglos que impiden responder a los ciudadanos tal y como estos demandan.

Por ello, señalo algunas razones por las que necesitamos transformar la Administración Pública española. 1) Porque lo público importa y no nos podemos permitir un funcionamiento inadecuado. 2) Porque el escenario ha cambiado y en el siglo XXI no encajan modelos de otras épocas. 3) Porque si seguimos como hasta ahora, las cuentas no salen. 4) Porque en un mundo global, el Estado es observado más allá de nuestras fronteras. 5) Porque la nueva realidad exige que el sector público y el privado tengan una agenda compartida. 6) Porque la salud de las Administraciones Públicas afecta a todos y nos jugamos mucho como país.

Con respecto a porque lo público importa, hay que decir que la relevancia de la Administración es superior a cualquier otro sector económico, organización o movimiento social. El papel central de la Administración en el desarrollo de un país merece que se concentren esfuerzos para que funcione perfectamente. Es preciso dedicar tiempo, recursos y talento a un elemento que articula la vida y la economía de las personas. Un país no puede avanzar si su Administración sigue anclada en el pasado y no afronta la necesaria modernización de sus estructuras, procesos y servicios. Todo ello sin olvidar que la  Administración está en plena crisis de identidad y necesita identificar cuál es su verdadero papel en un mundo globalizado. El desarrollo tecnológico y económico permiten liberar al Estado de algunas de sus funciones tradicionales, pero este sigue siendo clave como garante de la competencia, impulsor del cambio o prestador de servicios públicos, entre otras funciones.

Mientras que los ciudadanos exigen cada vez más servicios y un Estado del Bienestar más avanzado, la Administración acusa un pronunciado déficit fiscal. La crisis económica y financiera que estamos atravesando ha acentuado esta situación, en virtud de la cual se ingresa menos, pero se gasta más porque aumenta el gasto social, los rescates de bancos con dificultades o la necesidad de impulsar determinados sectores estratégicos.

 En un mundo global, el Estado es observado más allá de nuestras fronteras. Es decir, los ciudadanos no son los únicos que analizan, vigilan, examinan o exigen un buen funcionamiento a los Estados. Este papel fiscalizador también lo ejercen el resto de países, instituciones internacionales y mercados financieros que interpretan el desarrollo de un país en función de diversos indicadores y, en gran medida, del funcionamiento de sus Administraciones Públicas. Además, las sociedades avanzadas exigen transparencia a sus Administraciones Públicas. En un escenario en el que la información fluye sin control, es necesario dar cuenta de cómo se administran los recursos públicos, qué decisiones se toman y por qué se actúa de una manera u otra. Esta transparencia tan exigida por los ciudadanos va de la mano de la participación activa en la vida pública que demandan los mismos. La participación en los asuntos públicos ya no es una reivindicación retórica. Los ciudadanos están dejando de ser sujetos pasivos y exigen ser protagonistas del destino de sus países, territorios, ciudades o barrios. Movimientos sociales y ciudadanos con inquietudes están manifestando abiertamente y con acciones reivindicativas intensas que quieren participar activamente en la vida pública. La Administración Pública no puede ser ajena a los cambios de la sociedad civil y debe asumir que las barreras entre los gestores públicos y los ciudadanos son cada vez más permeables.

A modo de síntesis de lo expuesto anteriormente, es difícil encontrar algo que afecte tanto a la vida de los ciudadanos como la Administración Pública. La necesaria transformación de lo público no es algo propio de funcionarios o políticos; no es algo que tengan que resolver los legisladores o el gobierno de turno. El reto de la modernización afecta a las empresas, a las asociaciones, a los colectivos, a las instituciones y, especialmente, a las personas. Lo que legisla, arbitra, regula, supervisa o recuda el Estado nos afecta a todos y todos los días. Estas razones justifican que se aborde la transformación de las Administraciones Públicas españolas lo antes posible, un cambio ineludible que debe acometerse con transparencia y teniendo en  cuenta las características específicas de nuestro país.

Para concluir he de decir que nos jugamos mucho como país y como sociedad si no afrontamos la transformación de la Administración Pública. No se trata de hacer cambios superficiales en un Ministerio, una Consejería de una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento, sino de modificar de manera razonable y ordenada sus funciones, su  desempeño y su relación con los ciudadanos.

En definitiva, no se trata sólo de reducir trabas administrativas o colas para gestionar un documento, sino de hacer de la Administración un agente económico y social más eficiente, más avanzado y más cercano a los ciudadanos. Es una transformación central para la sociedad actual y en ella debemos participar todos, tanto los que la gestionan como los que la necesitamos para vivir en una sociedad democrática.