Reflexión personal: ¿Hay una verdadera preocupación por la motivación de los funcionarios?

Reflexión propuesta por: Elvira Pérez Martín

      A estas alturas todos tenemos muy claro la diferencia entre empleado público y privado. A grandes rasgos, los primeros trabajan para el Estado, han obtenido su puesto tras pasar unas oposiciones (en las que se evalúan tanto sus conocimientos a la hora de realizar las pruebas como los que ya habían obtenido previamente) y cuentan con gran estabilidad laboral, ya que, si no realizan un comportamiento contrario a lo regulado en el EBEP, los funcionarios tendrán trabajo seguro hasta su jubilación (aunque actualmente se esté empezando a perder esta característica debido a la gran crisis en la que ya llevamos unos años sumidos). Por el contrario, el trabajador privado obtiene su puesto en base a entrevistas de trabajo (en las que será la propia empresa la que juzgue si le interesa tener a esa persona en su equipo o no), está sometido a lo pactado en su contrato de trabajo y no goza de tanta seguridad, puesto que puede perder su empleo en cualquier momento si la empresa así lo decide. Aunque actualmente estas dos categorías no son tan “puras” como antes (por ejemplo, el Derecho Laboral se encuentra cada vez más presente en la Administración, concretándose en las distintas clases de personal laboral que trabajan en ella) se puede ver que aún conservan estas grandes diferencias, tanto para el propio derecho como para la sociedad.

      Siempre ha existido entre los ciudadanos cierto prejuicio contra los funcionarios, debido al tópico de que muchos no se toman en serio sus tareas y aprovechan para hacer de todo menos trabajar, sin tener penalización de ningún tipo. Esto se ha agudizado en los tiempos de crisis actuales, ya que muchos trabajadores privados perdieron sus puestos mientras que los funcionarios “solo” sufrieron ciertos recortes de salario o descendieron sus plazas a la hora de hacer oposiciones. Muchos podrían pensar que la vida laboral del funcionario, así expuesta, es bastante buena, pero salvo excepciones, esta idea se aleja de la realidad.

     En 2012, Randstad (una importante empresa dedicada a los Recursos Humanos) publicó un estudio sobre los funcionarios europeos. Esta reflejó que el 44% de los encuestados españoles no estaban satisfechos con sus puestos de trabajo y no querían promocionarse (esto dio como resultado que nuestro país fuera uno de los más desmoralizados en este aspecto). No podemos afirmar a ciencia cierta que sea debido a una “sobrecarga” de los puestos funcionariales, pero sí es cierto que hay muchos trabajadores públicos que sienten que todo su esfuerzo no sirve para nada, que no ven que el trabajo que realizan tenga ninguna proyección en la sociedad.

     En los últimos años se han desarrollado bastantes fórmulas y recursos para motivar a los empleados privados, que desde el comienzo de la crisis tienen que realizar grandes esfuerzos para evitar que sus negocios se vayan a pique, o que tienen miedo de emprender arriesgadas apuestas de negocio por miedo a fracasar o perderlo todo. Estas medidas han funcionado desde sus comienzos, y cada vez se crean y se desarrollan más gracias a la labor de psicólogos y “coachers”. Sin embargo, una simple búsqueda en internet sirve para observar que a la motivación de los empleados públicos apenas se le prestaba la menor atención o, como mucho, se aplicaban los mismos métodos que a los empleados privados (sin prestar atención a las diferencias entre ambos trabajadores).

     Aunque actualmente esta situación está cambiando, creo que debería empezar a darse más importancia a los funcionarios. Están presentes en muchos aspectos de nuestra vida (médicos, profesores, policías, administrativos, bibliotecarios…) y tienen una gran relevancia en el correcto funcionamiento de nuestra sociedad. Por ello, el “coaching” debe crear nuevas técnicas de motivación para que ellos se sientan valorados en su trabajo, alcancen sus metas laborales, se desarrolle una carrera administrativa y se vele por la eficiencia y la ética en su ambiente laboral. Este será el primer paso para lograr un óptimo funcionamiento estatal.