Drástico cambio del personal funcionario.

Reflexión personal de Alicia González Carmona.

En esta breve reflexión, nos gustaría hacer una comparación sobre un "antes y después" relativo al personal funcionario de las Administraciones Públicas.

Como es sabido, la selección de personal en el ámbito público se realiza a través de unos procesos que garantizan los principios establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, los cuales son: igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnicas de los órganos de selección, adecuación a las tareas y funciones a desarrollar y agilidad. Todo ello podríamos resumirlo en dos: principios de mérito y capacidad.

La situación actual de crisis económica que define a nuestro país en los últimos años, ha provocado un transcendente cambio en el mapa de los funcionarios. La masiva descentralización administrativa de España en administraciones territoriales (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local) y administraciones institucionales o instrumentales (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, Agencias Estatales...), ha traído como consecuencia, la necesidad de un mayor número de personal funcionario. Por todo ello, el número de funcionarios presentes en España es excesivo, llegando a existir cuatro funcionarios en una misma ventanilla de información, como título ejemplificativo.

A raíz de todo lo anterior y ante el déficit público que presenta nuestro país, se han planteado propuestas de cambio en cuanto a los funcionarios, tales como disminución o cuasi desaparición de los procesos de selección para el acceso a la Administración Pública; congelación de salarios; reducción del número de departamentos (incluido el de Recursos Humanos); reservar los puestos de trabajo a personas que ejerzan funciones conectadas con el ejercicio de la autoridad administrativa; cambiar la gestión de los recursos humanos, huyendo de la tradicional "oposición memorística, ascensos por antigüedad o uniformidad salarial" e introducir variables que garanticen el mérito y la flexibilidad (movilidad funcional o geográfica), etc.

En conclusión, no nos posicionamos en ningún extremo, es decir, consideramos que se ha de corregir el excesivo número de personal funcionario, pero no compartimos alguna de las medidas por considerarla excesivamente radical. Esa medida específica a la que nos referimos, es aquella que pretende destinar los puestos de funcionarios solo para aquellas personas que ejerzan funciones de autoridad. Entendemos correcto que para estas personas también se destinen puestos de funcionarios y que, por tanto, deban superar procesos de selección, tales como oposición, concurso o concurso-oposición. Pensamos en aquellos cargos políticos, los cuales en su gran o total mayoría no han accedido a la Administración por estas vías dotadas de objetividad. Lo que nos lleva a no compartir esta medida de cambio son los términos de exclusión de la misma: destinadas o reservadas solo para personas con funciones de autoridad, lo cual está excluyendo a toda la intensidad de funcionarios que han llegado ahí superando tales pruebas, y a todos aquellos potenciales funcionarios que esperan llegar algún día.

Por lo tanto, la solución no está en excluir, sino en realizar un correcto reparto de funciones de acuerdo con un adecuado número de personas, las cuales, la vayan a realizar. 

En la realización de la anterior reflexión se ha tomado como base la noticia presente en el siguiente enlace: http://www.eldebat.cat/cast/notices/2013/05/una_comision_de_expertos_propone_reducir_el_numero_de_funcionarios_70567.php