Reflexión personal de Irene Moreno Manzano
Como se ha venido comentando, asistimos a una realidad, cada
vez más frecuente, en la que la falta de motivación del empleado público es
notoria. Bien, si entonces nos aquejábamos de la “Ley del mínimo esfuerzo” que
impera y de la falta de potenciación por parte de los poderes públicos para
cambiar la situación e impulsar nuevas técnicas que desarrollen el interés del empleado, pudiendo encauzarse a través de
la progresión de éste en la organización; ahora y en relación con esto último y
con la formación del propio empleado, cabe de nuevo criticar el pasivo papel
que está adoptando la Administración en la formación de sus empleados públicos,
quienes como tales, desarrollan una serie de funciones de vital importancia,
siempre al servicio de los ciudadanos.
Realmente, es una situación preocupante, no solo porque que
se produce en el ámbito público, sino porque parece ser que se está extrapolando
al ámbito laboral privado. Vivimos una etapa en la cual la formación
profesional parece ser un impedimento para la incorporación laboral en muchos
puestos, o simplemente, dicha formación parece no ser valorada como es debido
al primarse alternativas cuya fundamentación derivan, básicamente, de la reducción
de costes económicos. De ello emanan dos cuestiones basadas en dos actuaciones que dan lugar a consecuencias
comunes: desaprovechamiento del talento y pérdida de la calidad en los
servicios. Por un lado, ¿formamos a la sociedad de hoy día, y después la
dejamos marchar hacia otros lugares por falta de concienciación de su importancia
para que otros países se beneficien de su valía? El tema relativo a la “fuga de
cerebros”, muy comentado en la actualidad, tiene mucha más importancia de la
que parece. Hace pocos días, a modo de ejemplo, escuchábamos como una de las
integrantes, de nacionalidad española, del grupo de científicos dedicados al
avance de la clonación de células madres se había marchado meses atrás de España tras su despido provocado por un ERE
en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Por otra parte, ¿estamos
pasando directamente, a dejar en un
segundo plano la formación de nuestros empleados? ¿Este fenómeno se produce porque
se es consciente de que dicha formación no va a ser correctamente aprovechada
en España? La política de reducción de costes a base de la disminución en inversión
en la formación nos está pasando factura y, lamentablemente, es una situación que
también se produce en el ámbito público.
Si nos adentramos más en la cuestión de la formación en la Administración,
muy relacionado con ello se encuentra la gestión de las carreras profesionales,
que como sabemos ha de servir por exigencia legal a los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante sistemas objetivos y
transparentes de evaluación profesional. Pero claro, todo ello depende de los
cursos y actividades de formación que la Administración promueva; de modo que
volvemos al tema debatido. Ha de tenerse claro la formación debe ser una
actividad continua para así lograr que el empleado se adapte a los cambios tecnológicos,
sociales o legislativos que se van ocasionando, y permitir además, alcanzar los
objetivos de la organización, haciéndola más eficaz y competitiva. Pero
definitivamente, con esta actitud, no fomentamos la formación de aquellos que
ya pertenecen a la Administración, lo cual redunda en una pérdida de calidad y
competitividad en los servicios prestados, perjudicando en última instancia al
ciudadano.
Es importante tener claro que invertir en formación implica
siempre un paso hacia adelante en el progreso de las organizaciones, ya sean públicas
o privadas, y es una pena que todo ello se quede al margen por meras cuestiones
económicas e intereses políticos.
Adjunto la dirección del artículo sobre la bióloga española, Nuria Martí Gutiérrez, mencionada en el comentario de opinión: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/16/valencia/1368700009.html
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