La gestión de carreras en la
administración publica
Partiendo del artículo 14 del EBEP,
señalamos los derechos individuales que tiene todo empleado público. El primero
de los derechos será a la progresión en su carrera profesional y promoción
interna siguiendo los principios constitucionales, seguido del derecho a una
formación continua de sus conocimientos y capacidades, preferentemente en
horario laboral.
Nos centraremos en el derecho a la
progresión de su carrera y a la promoción dentro de la administración,
añadiendo las dificultades que encontramos en la actualidad en los órganos de
la administración.
La primera dificultad para la
promoción interna de los empleados públicos, es el propio desconocimiento por
parte de estos de los objetivos principales de su labor; es decir los empleados
públicos en la mayoría de puestos de trabajo saben el objetivo general para el
que trabajan, en última instancia ayudar al ciudadano a desarrollar sus
intereses y derechos. Esto queda muy bonito, pero en la práctica ¿cómo se
refleja?, ¿cómo lo cuantifica un empleado público? Los funcionarios no saben cuáles
son los resultados a los que deben llegar para poder promocionarse en su
organización, no existe un marco objetivo de resultados, que indique cuales son
y el enfoque cuantitativo de su labor, no se fija la producción a la que debe
llegar el personal. Todo esto tiene su reflejo en el plano de la gestión de carrera,
de la promoción, de las retribuciones y hasta puede afirmarse que influye
directamente en la percepción que tenemos los ciudadanos de a pie de los
empleados públicos.
Otro de los inconvenientes a la
hora de abarcar este tema, es la escasa concreción en la relación entre la
inamovilidad de los funcionarios, las sanciones y la capacidad de aplicación de
estas. Si una de las garantías del empleo público es la inamovilidad de la
administración, ¿cómo en épocas de dificultad económica para el estado, no se
pueden tomar medidas para reducir el personal? Y en la realidad es así la única
medida que se puede tomar en épocas de escasa financiación es la reducción de
las retribuciones de forma generalizada, y esto ¿cómo se conecta con el derecho
a la promoción y progreso del funcionario?
Como conclusión respecto a estos
ejemplos de dificultad de aplicación de los derechos de los funcionarios, hay
que decir que la escasa regulación, la falta de concreción en la ley, la
dificultad del sistema se refleja en las organizaciones, siendo el trabajo del
personal laboral un estanque donde poco se puede mover, poco puede conseguir. Nuestro
sistema de organización del empleo público refleja un problema en la gestión del
modelo de dirección y organización, pese a que se ha querido transformar a un
sistema más abierto, en la práctica es aun difícil su aplicación.
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