La corrupción en la función pública y su repercusión sobre la opinión ciudadana

Reflexión personal  propuesta por Jihan Hadji.
  

Prácticamente todos los días, aparecen noticias en los medios de comunicación sobre casos de corrupción entre los políticos españoles, casos que afectan a casi todos los partidos políticos y a todas las administraciones, central, autonómica o local. Algunas de las investigaciones más famosas hoy en día son: el caso Gurtel donde aparecieron más de 200 millones de euros, el caso Palma Arena con más de 100 millones de euros, el caso Pretoria con 45 millones de euros o el caso Nos donde esta implicado un miembro de la familia real, Iñaki Urdangarín. Pero la lista es mucho mayor tocando prácticamente a todas las comunidades del país.

La agencia tributaria española controla con bastante precisión a todos los trabajadores, pero consideramos y es así, que hay un secretor que se le escapa, un sector que suele tener continuos negocios con la administración. Desgraciadamente, hoy en día, las estadísticas confirmas que España es uno de los países de la Unión europea con mayor número de casos de corrupción entre la clase política.

Tras leer varias noticias del ABC, me ha llamado mucho la atención una noticia, que informaba que el 89% de la población española cree que la justicia trata mejor a los políticos que al resto de ciudadanos. Vemos que como consecuencia de esta situación, además de perder la confianza en los políticos considerados como representantes y defensores de los intereses de los ciudadanos, la población está perdiendo la confianza en la propia justicia considerada como parte de la administración española. Vemos que está desapareciendo la relación de confianza e interés entre el representado (ciudadano) y representante (órgano político), relación que nace en el momento de las elecciones, pero que se debe mantener a lo largo del mandato, o eso desearían los propios votantes al depositar su confianza en otra persona para la protección de sus derechos sociales, económicos y políticos.

Además de esto, también resulta lamentable el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, órgano encargado de garantizar la legalidad de los partidos políticos, pues el CP establece que los delitos de financiación ilegal prescriben a los 4 años, siendo imposible juzgarlos una vez pasado dicho plazo. Por tanto, vemos como hoy en día, políticos corruptos siguen disfrutando de dinero procedente de las arcas públicas al haber prescrito el delito, y por tanto, no reciben ningún tipo de sanción con finalidad persuasoria para futuras conductas similares y como ejemplo a los demás políticos. Como consecuencia, el panorama hoy en día sigue siendo el mismo, y la pérdida de la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos cada vez es mayor.

Bajo mi punto de vista, todo esto provoca en los ciudadanos, y sobre todo en la población joven con la que me puedo sentir identificada, un cierto sentimiento de ignorancia al problema, ya que vemos que se ha creado un sistema con muchas lagunas legales de las que los políticos se aprovechan para hacer sus negocios ilegales, y usar aquel dinero recaudado de los propios ciudadanos. Y a su vez, hace que nadie se decida a dar un cambio, introduciendo nuevas medidas o mayores controles, ya que habría que modificar la mayor parte del sistema, desde los órganos encargados del control de la legalidad de la financiación de los partidos, las normas jurídicos que estos órganos aplican, asi como el método de elección del representante político y medidas que garanticen el cumplimiento de todo aquello que se promete durante las campañas electorales, con el fin de recuperar aquella confianza que la población deposita en sus representantes.