Sancionado
por la Agencia Tributaria en 2012, tras una denuncia anónima en la
Fiscalía Anticorrupción, por haber defraudado 208.068 euros entre
2007 y 2010; imputado por supuestos delitos de corrupción
urbanística a raíz de una demanda presentada por el PSOE local y
denunciado ahora también en el juzgado por un excompañero de
partido por amañar presuntamente las oposiciones municipales. El
alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, afronta la recta
final de su larga carrera política —renunció a repetir, tras 26
años en la alcaldía, en cuanto la juez abrió la investigación—
cuestionado por sus más sonadas actuaciones: el desarrollo
urbanístico del municipio, colindante con la capital, y la política
de personal.
El
regidor niega “rotundamente” los hechos que le atribuye su
antiguo hombre de confianza y achaca la denuncia al “revanchismo”
de quien “confiaba en que lo nombraría sucesor”. El portavoz del
PSdeG en Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, sí da crédito a la
denuncia: ha anunciado su decisión de personarse en la causa y
reclamado ya al Ayuntamiento la relación de los aprobados desde 2007
hasta el momento, sus calificaciones y la lista de los miembros de
los tribunales que otorgaron las plazas.
El
empresario Marcos Valencia, número ocho en la lista del PP en las
municipales de 2007 y estrecho colaborador de Freire hasta hace unos
años, registró el sábado una denuncia en el juzgado de guardia de
Ourense. Acusa a Freire y a su grupo de gobierno, incluida su
sucesora en la candidatura a la alcaldía de Barbadás, Consuelo
Vispo, de “vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad
en la contratación de trabajadores”. Una denuncia política
repetida durante años por la oposición. En el escrito registrado en
el juzgado, Valencia sostiene que los integrantes del grupo de
gobierno “amañaron exámenes como pago de favores” a
funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento. El método, según
sostiene, era que el teniente de alcalde, Manuel García —investigado
junto con Freire por supuesta corrupción urbanística— llamaba “el
día anterior al examen desde un teléfono móvil” a los
seleccionados a quienes “entregaba las respuestas” de las
pruebas. Asegura además el demandante que los tribunales
examinadores estaban “al tanto de todo”.
El
alcalde niega “rotundamente” la denuncia, que atribuye al
revanchismo del excolaborador: “Es una venganza contra su exmujer
[que está contratada en el Ayuntamiento] de la que tiene orden de
alejamiento y contra mí, porque pensaba nombrarlo mi sucesor para la
alcaldía y así se lo hice saber”, sentencia el regidor, que
explica que dio marcha atrás a esta idea cuando le alertaron “de
quién era realmente” su colaborador. Un poco antes, el gobierno
municipal presidido por Freire había promovido un expediente
municipal de apoyo a Valencia por su “novedosa iniciativa” en la
creación de una empresa de hielo en la localidad.
En
declaraciones a este diario, el demandante ha asegurado tener pruebas
que aportar a la investigación judicial. “Yo estaba con ellos
cuando se hacían esos procesos de selección y además es fácil
comprobar las llamadas que se realizaban desde el mismo número de
teléfono, siempre el día anterior a los exámenes, a todos los que
después aprobaban”, explica. Valencia reconoce que su exesposa fue
“una de las enchufadas” y sostiene que ha decidido presentar
ahora la denuncia porque está ya “fuera del partido”. “Quería
quitarme este peso de encima”, afirma.
Noticia publicada originalmente en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/08/galicia/1425846804_936871.html
Esta noticia es una más de todas las que llegan a nuestros oídos día a día desde unos años atrás. Continuamente escuchamos casos de personas que se encuentran en la función pública y que cometen actos como los que en este artículo se revelan.
ResponderEliminarEn mi opinión, considero que es cuestión necesaria intentar llegar a una solución que acabe con acontecimientos de este tipo. Ya no es sólo que se queden con dinero de todos los ciudadanos, sino que esta noticia demuestra que la corrupción va mucho más allá; hasta el punto de pasar por encima del esfuerzo que realizan miles de ciudadanos para poder conseguir un puesto de trabajo conforme a su mérito y capacidad.
A mi juicio, si verdaderamente se demostrara judicialmente los hechos que aquí se revelan, creo que se debería hacer algo con urgencia pues ya por lo que sí que no debemos pasar es por “destruir” aquello por lo que tanto se ha luchado, por un sistema de acceso a la función pública basado, verdaderamente, en la igualdad, el mérito y la capacidad.