Considera dar recompensas a quienes ofrezcan información cierta, suficiente
y relevante
Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Cámara de Diputados aprobó, con cambios, una minuta del Senado que
reforma la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con
objeto de endurecer las sanciones en casos de corrupción y construir un marco
de protección e incluso de recompensas a personas que denuncien y entreguen
información relacionada con esta práctica.
Al argumentar en favor de la reforma, la diputada Oswelia Yáñez (PAN)
indicó que la ciudadanía no se atreve a denunciar, no sólo por la cadena de
corrupción sino porque tiene miedo a ser identificada y, en consecuencia,
recibir algún tipo de agresión. Por ello, agregó, a partir de la modificación
se prevé recibir denuncias de manera anónima.
Es tan grave el daño, que la corrupción mata. Mata cuando una empresa
soborna para obtener permiso de comercialización de carne no apta para consumo
humano; mata cuando un funcionario solicita dinero para prestar un servicio
gratuito; mata cuando un médico usa vacunas que no cumplen con los niveles de
calidad, sostuvo.
Durante la discusión de la minuta, que fue devuelta al Senado, la diputada
Zuleyma Huidobro (Movimiento Ciudadano) insistió en su denuncia de presuntos
actos de corrupción en la asignación de fondos para programas culturales en el
presupuesto de este año, que atribuye al secretario técnico de la Comisión de
Cultura, Alejandro Méndez González.
En respuesta, diputados de la comisión, encabezados por la panista
Margarita Saldaña, afirmaron en un comunicado que esa instancia legislativa
funcionó sólo como una instancia receptora y emisora de opinión de los
proyectos que podían ser susceptibles de financiamiento.
Mientras, la diputada Leticia Calderón (PRI) explicó que con la reforma se
constituirá un organismo autónomo especializado, que se encargará de aplicar la
ley de responsabilidades en actos de corrupción y coadyuvará en la persecución
de delitos.
Con 345 votos en favor, 37 en contra y 14 abstenciones, los diputados
aprobaron la reforma, que considera un sistema de recompensas a quienes
entreguen información cierta, suficiente y relevante de conductas ilegales de
servidores públicos.
También se obliga a los funcionarios a no tratar de impedir, por cualquier
medio, la presentación de denuncias, o inhibir la intención de aportar
información sobre casos de corrupción.
Además, amplía a entre 10 y 20 años la inhabilitación de servidores
públicos responsables de actos de corrupción, así como su destitución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.