Directivos de la
Administración pública consideran ineficaces los procesos de selección de
personal
La gestión de los recursos humanos en el sector público
presenta algunos problemas que pueden verse agravados con la reforma laboral y
los cambios que puedan producirse por las medidas aprobadas con la crisis. Unas
medidas sobre las que la mayoría está a favor y sobre las que preocupa es la
resistencia al cambio cultural de los empleados públicos para que asuman un
nuevo papel dentro de su trabajo.
En España hay un total de 2.680.000 trabajadores públicos en
las administraciones central y autonómica. Una plantilla cuya gestión lleva
consigo algunos problemas. De hecho, los procesos de selección en la
Administración no siempre son eficaces y no se adaptan a las necesidades
actuales según opina el 78% de los encuestados dentro de la I Encuesta de la
Administración Pública realizada por Adecco entre 300 responsables de
Administraciones Públicas de toda España.
Y es que el Estatuto
Básico del Empleado Público establece unos procesos de selección conforme a
determinados criterios como la igualdad o la capacidad en el acceso al empleo
público, entre otros, que parecen no ser eficaces y que no están
suficientemente desarrollados, ya que el 85% de los encuestados manifiesta que
no está de acuerdo con los procesos de selección. Además, creen que tampoco las
administraciones tienen correctamente desarrollado el sistema de evaluación de
desempeño de su trabajo conforme se establece en la legislación.
Según los
representantes de la Administración encuestados, los tres puntos más
importantes en la gestión de los recursos humanos en este sector es aumentar la
eficacia, lo que opinan el 79%, así como mantener los servicios a la ciudadanía
con el 59%. Además, el 55% considera clave racionalizar los recursos humanos en
los diferentes departamentos.
Una gestión de los recursos humanos que no se verá mejorada
en gran medida por la entrada de las empresas de trabajo temporal en la
Administración Pública para gestionar los recursos humanos, tal y como se
contempla en la Reforma Laboral, ya que tan sólo el 39% de los encuestados ha
señalado que esta modificación de la ley contribuirá beneficiosamente en esa
gestión.
Además, según el
estudio, el 70% de los encuestados considera necesarias y correctas las medidas
aprobadas por el Congreso para situar un máximo de gasto público, si bien
alrededor del 48% señala que se buscarán soluciones alternativas a la
contratación de personal para cubrir necesidades de cara a la ciudadanía. Un
46% cree que se limitará la contratación de efectivos.
La encuesta también
refleja que el 55% de los encuestados está convencido de que la plantilla de la
administración pública en la que desempeñan sus funciones disminuirá, una merma
de plantilla que para el 65% será de entre un 1% y un 5%. De hecho, para el
64%, la Administración será el sector en el que más recortes económicos se
realizarán en la reposición de efectivos.
Ante este contexto, el 40% de los encuestados afirma que
nacerá tras la crisis una nueva forma de ver los recursos humanos en la
Administraciones Públicas, aunque hay un 29% que cree que el sector público
cambiará pero en menor medida y un 22% opina que los cambios serán escasos,
aunque sí serán importantes.
En relación a esos
cambios, lo que más preocupa a los responsables de las administraciones
públicas es la resistencia al cambio al cultural por parte del empleado público
para que asuma nuevas pautas en el trabajo, situación que inquieta al 64%.
Pero, además, también
están preocupados, en el 57%, por la falta de motivación personal y en el 39%
por la inexistencia de flexibilidad y el sobredimensionamiento de las
plantillas, así como por la falta o la inexistencia de desarrollo de la
Relación de Puestos de Trabajo. Sólo el 27% está preocupado por la incorrecta
retribución salarial que, junto con la falta de descentralización de las
organizaciones, son los problemas que menos inquietan a los trabajadores.
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