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El TSJA anula una plaza de
catedrático que favorecía a uno de los candidatos
El tribunal cree que
la oferta favorecía al docente que ya trabajaba en el departamento
La selección
de profesores para la universidad española no ha podido desligarse nunca de
la endogamia, esa enfermedad
por la que los aspirantes locales suelen ganar las plazas, muchas veces
diseñadas a la medida de sus currículos. De tanto en tanto, salta un caso a los
tribunales. Este lunes se ha conocido el fallo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA), que anuló
la concesión en 2009 de una plaza de catedrático de Derecho Administrativo en
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO).
La había
ganado Eduardo Gamero, tras presentarse a una convocatoria que premiaba un
perfil muy definido: ser “especialista en Derecho del Deporte”. El tribunal
considera que este profesor, que pertenecía al departamento convocante, partía
con ventaja, al incluirse ese requisito. El TSJA asegura que se “privilegiaba a
quien reunía una específica condición: haber cultivado el Derecho del Deporte”
y “por ende, situaba a los posibles partícipes en el concurso en diferentes
posiciones de partida”. Al favorecer a determinados candidatos, añade el
tribunal, “se contradicen de lleno las condiciones de igualdad, mérito y
capacidad que se han de garantizar en todas las convocatorias”, tal y como
dicta la Ley Orgánica de Universidades (LOU).
Otro
aspirante a la plaza, Javier Barnés, recurrió a los tribunales porque le
molestó aquel requisito tan a medida: “Era una distinción artificial en
perjuicio de cualquier otro potencial candidato que, casualmente, encajaba con
el perfil de la actividad desarrollada por el candidato local”, argumentaba en
su escrito.
Barnés, que
ahora es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva,
aseguraba que en la convocatoria no se justificaba el porqué de esa
especialización y que dicha plaza carecía de asignación presupuestaria como se
exige en la LOU.
En la
universidad no quisieron ayer hacer declaraciones, se limitan a acatar una
sentencia que es firme. Pero en su día justificaron la convocatoria de dicha
plaza porque respondía, por un lado, a la creación en 2004 de la Facultad de
Ciencias del Deporte; y, por otro, a su plan estratégico para promocionar el
deporte y apostar por la “transversalidad de las titulaciones que ofrece”.
También argumentaron que dicha plaza, la tercera que se creaba en ese centro,
obedecía a la necesidad de “asumir en mejores condiciones de calidad la
docencia e investigación en ese ámbito”. Pero sus argumentos, no convencieron
al alto tribunal andaluz.
En la
normativa universitaria se establece que las comisiones de selección del
profesorado que han de determinar quien gana una plaza fija se compondrán en
función de los estatutos de cada universidad, eso sí, garantizando “la
necesaria aptitud científica y docente de sus componentes”. “El problema es
cuando el departamento que convoca la plaza es el que elige a los miembros de
esa comisión de selección, que todo queda en casa”, explica Barnés. Según un
trabajo de los investigadores Luis Sanz-Menéndez, Laura Cruz-Castro y Kenedy
Alva, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, publicado el año
pasado en la revista Plos One, el sistema universitario español se rige
por una premisa: “Va entrando el que más tiempo
lleva en la cola, al que le toca”. “El sistema de contratación en España se ha movido
entre la desconfianza de un poder centralizado que controlaba el acceso con
exámenes nacionales y la autonomía total de las universidades en el que
predomina la fuerza del gremio y las estructuras de poder interno”, explica
Sanz-Menéndez.
Luis
Sanz-Menéndez
“Es muy
difícil precisar si ha aumentado el número de casos en los últimos años y más
teniendo en cuenta las escasas convocatorias públicas que hay”, precisa el
responsable de Educación de CC OO, Julio Serrano.
Hace años,
en 2006, y no hay datos más recientes, un estudio del CSIC cifraba en un 70%
los casos en los que el profesor que ganaba su plaza había concursado sin
competencia y el 96% de ellos ya trabajaba en la universidad donde se colocó de
forma indefinida, algo que prácticamente no ocurre en otros países donde los
aspirantes que ganan provienen de otros centros.
“Las cosas
no han cambiado mucho desde aquel año en que se hizo ese estudio”, señala Luis
Sanz-Menéndez. “Ahora hay una acreditación por puntos que es un despropósito,
hay que procesar toneladas de papel, sin una entrevista personal, ni un examen.
Después, cada universidad es completamente autónoma para seleccionar al
tribunal y establecer requisitos. Creo que el localismo se ha agravado, lo que
pasa que el contexto es muy distinto, no se convocan apenas plazas”. Entiende
que hay un exceso de funcionarios en la universidad. ¿Por qué no es bueno eso?
“Porque la universidad debe adaptarse a las demandas sociales y para eso hay
que contratar perfiles diversos con el tiempo. Pero ahora es todo muy político.
Si tienes que ganar unas elecciones acabas dando prebendas a quienes te van a
votar”, se queja Sanz-Menéndez.
En primer lugar, es esencial que para la creación de un nuevo puesto, y con mas razón si se encuentra dentro de una Administración pública, sea necesaria tal creación.
ResponderEliminarTodo puesto, tiene que tener un sentido propio, y si no lo tiene, es absurdo su creación. no obstante, en mi opinión la creación de puestos dirigidos a la enseñanza e investigación nunca están demás.
sin embargo, al parecer, lo que ocurre aquí, es que además de que no era necesario, no se accede conforme a los criterios constitucionales que se refieren al acceso a un cargo o empleo público.
Esto en cambio, por desgracia, es el pan de cada día, en el que aún ni se ha destapado y ni se destaparán muchos puestos en los que no se cumplen ninguno de los requisitos que exige la ley.