Reflexión personal de Jesús María Corrales Sánchez
Para siempre. Es lo primero que
piensa un aspirante a la función pública. El empleo público en la mayoría de
los casos y saltando algunas excepciones es fijo en nuestro país, inamovible. “¿Qué
bien no? Ya tengo la vida casi resuelta empleando un mínimo de esfuerzo, y organizando
bien el salario”, pensarán muchos de ellos.
Y no muy lejos de la realidad. Esto
del empleo vitalicio es una razón de peso para optar a entrar en la carrera
pública. Hasta que la muerte los separe, bueno más bien, hasta que la
jubilación acabe con esta bonita relación. Y claro, esto tiene sus
consecuencias, porque por sentido común, uno con el paso de los años acaba acomodándose
y bajando su rendimiento.
A veces esto choca con la
realidad que vive el resto de trabajadores, teniendo en cuenta los despidos,
los planes de empleo de reducción de personal, así como otras tantas medidas
que se han puesto en marcha en los últimos años. El grupo de trabajadores públicos
pervive en todas las épocas e incluso sigue creciendo. ¿Es que no le afectan
los tiempos de recesión? ¿Es la administración pública más rentable que la
privada? Incluso podemos traer algún chiste
a colación de esto “¿Jugamos a los funcionarios? El primero que se mueva,
pierde”. Bromas aparte, está claro que existe una sobreprotección con respecto
al empleado público (sin que se llegue a pensar que ciertos puestos no la
merezcan). ¿Cuántas veces hemos acudido a la administración para que nos
resuelvan una cuestión y siempre está el funcionario de turno que parece que te
está haciendo un favor personal y que le cuesta dinero ser amable? ¡Pero si es
su trabajo! Aunque puedes tener un golpe de suerte y que te toque uno simpático
y al que le guste su trabajo, pero no seas tan positivo, la posibilidad es del
0,00012%.
Inicialmente, la inamovilidad de
los empleados públicos se pensó para que cada gobierno no propusiera los
funcionarios que más le convenían, quedando así mermada la imparcialidad. A diferencia
de otros países con una tradición política distinta que han optado por el
sistema opuesto, donde cada gobierno elige a sus altos funcionarios. Cada
modelo tiene sus ventajas y sus opuestos, claro está. Mientras que en el
segundo la democracia queda resentida por el simple hecho de que se deben a sus
jefes, en el caso español no es tal cosa puesto que el trabajo es inamovible y
en caso de separación del servicio, no se debería a cuestiones políticas. Como inconveniente,
al ser el puesto fijo, el trabajador se acomoda en su función, bajando altamente
su productividad.
Esta sobreprotección se ha
expandido a la mayoría de los funcionarios y los perjudicados: los millones de
españoles que acuden día a día a sus servicios, y el consecuente déficit público,
que no es que se deba a los funcionarios, pero contribuye. Muchas personas se
preguntarán: ¿Qué tiene que pasar para que una persona sea expulsada de la función
pública? El Estatuto Básico del Empleado Público recoge una serie de acciones
que pueden ser calificadas como infracción muy grave y esta puede suponer la pérdida
de la condición del funcionario. Estas causas, más o menos, son las siguientes:
que no vayas al trabajo en un año ininterrumpidamente; que lleves al trabajo un
unicornio, o que le faltes el respeto a tu jefe en 350 ocasiones. Era broma,
pero la realidad es que las circunstancias recogidas en el artículo 95.2 de
dicho texto normativo, a pesar de ser bastante corrientes, casi nunca traen
consigo la pérdida de la condición de funcionario.
Este tema sale aún más a relucir
cuando en tiempos de crisis, España no disminuye sus funcionarios o los mantiene,
sino que los aumenta. Sí es cierto, que es necesario incrementar el número de
ciertos puestos, tales como jueces (véase la lentitud de la justicia), médicos
especializados, etc. pero en otros casos, el aumento es prescindible.
Pero no nos íbamos a ir de aquí quejándonos todo el tiempo y sin dar una solución, la respuesta a todo esto se encuentra en un control más exhaustivo de las labores del funcionario. Un control no solo del absentismo sino también de la productividad y de la capacidad, y del comportamiento. Que cada cierto periodo de tiempo se evalúe lo aportado y el esfuerzo empleado por cada uno de los funcionarios públicos. ¿No es así en las empresas privadas? Porque razón no iba serlo en la administración pública o es que ¿es menos importante la productividad en esta? Todo lo contrario.
A pesar de que algunos mecanismos
de control del funcionario pueden ser inútiles en cuanto a la productividad, es
necesario para que no se lleve a cabo el acomodamiento en las funciones públicas.
O lo que es lo mismo, unas difíciles oposiciones que evalúen el mérito y la
capacidad en el ingreso no es razón suficiente para que tu trabajo sea para
siempre. Y si lo es, que el empleado público cumpla sus funciones de forma
correcta, y con unos mínimos niveles de esfuerzo.
A tenor de lo que comentas sobre la sobreprotección que brinda el Estado al empleado público, esto podría ser más o menos criticable durante los años de bonanza, en que las condiciones de acceso, del trabajo, de la retribución o de las horas libres hacían del puesto funcionarial la panacea de muchos españoles. Hoy día tras la fuerte crisis económica que estamos atravesando el funcionario público ha visto mermado en gran medida todos sus beneficios. Hoy apenas se convocan plazas funcionariales, las oposiciones son durísimas y hay una competitividad bastante alta. Así mismo, las numerosas pagas extraordinarias se suprimieron, los horarios laborales son más intensos y ya no se disfrutan de los mismos períodos de descanso al verse mermado en la mayoría de administraciones la plantilla funcionarial.
ResponderEliminarPor supuesto esto no quita que debamos bajar la guarda acerca de la productividad de los funcionarios públicos. Sí es cierto que en la Administración no se han puesto en funcionamiento los mismos tipos de planificación estratégica o de medidas de recursos humanos que en las empresas privadas, que han potenciado altamente su personal para alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia. Por ello, lo que habría que comenzar a hacer es a poner en práctica este tipo de medidas dentro de las empresas públicas y de la propia estructura administrativa.
Claramente es necesario una mayor flexibilización en el empleo público. Es necesario buscar fórmulas intermedias entre lo actual y esa flexibilidad que si se otorga al empleo privado, pues hay que recordar que ese inmovilismo lo que pretende es ofrecer una garantía de neutralidad y objetividad en el desempeño de la función pública. Tenemos que buscar la eficacia del funcionario público mediante mayores controles de supervisión que pongan en conocimiento de los directivos la rentabilidad que genera para la Administración ese empleado y de no ser así acabar con la relación laboral o imponer sanciones. Controles que no son difícil de desarrollar como podría ser que los empleados públicos sellarán personalmente los expedientes administrativos que realizaran y posteriormente realizar una comparación tiempo-trabajo o una comparación con el resto de compañero de la unidad. Es decir, que es necesario buscar medidas para un mayor control de los empleados y que no se acomoden por tener esa protección de que nunca o en muy extraña situación serán despedidos.
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