Reflexión personal de Pilar Rivero Fernandez "La Administración y el Empleo Público en España"

LA ADMINISTRACIÓN Y EL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA.

Reflexión personal de Pilar Rivero Fernandez

 

El problema que os acerco, y que se ha señalado en otras noticias y comentarios de los compañeros, es un tema que esta en continuamente en la boca de todos, por eso he decidido hablar sobre él “hay demasiados empleados públicos, y los que hay no trabajan lo que deberían”; pues bien, no estoy de acuerdo con esta afirmación y voy a intentar explicar por qué.

En primer lugar, no considero que el numero de funcionarios sea excesivo teniendo en cuenta que aspiramos (y digo aspiramos porque en los últimos años parece mas bien que recortamos esta aspiración) a vivir en un Estado de Derecho, un país donde todos podamos acceder a los servicios básicos que permitan desarrollarnos como personas, pues bien, la Administración es esencial para conseguirlo ya que es la única “empresa” (porque no podemos olvidar que la Administración funciona como una empresa) que tiene un fin más allá de los beneficios a los que aspiran las entidades privadas, y además rinde cuentas a los propios ciudadanos.

La Administración tiene una función social que cumplir y que motiva toda su actuación, así lo establece la Constitución en el articulo 103, señala que debe actuar conforme al interés general y por ello debe cumplir esta tarea de ayudar a la población y permitirle que se desarrolle plenamente. Para ello tiene que ofrecer una serie de servicios básicos que sean accesibles para todos con independencia de si se tiene cierto nivel económico o no; por ello la Administración, siempre que actúe correctamente, nunca está de más y para conseguirlo es necesario un cuerpo funcionarial suficiente y que tenga una capacidad sobresaliente para poder cumplir con esta tarea de ayudar al conjunto de los ciudadanos.

Dicho esto, el número de empleados públicos que hay en España asciende, con fecha de 1 de enero de 2014, incluyendo las plantillas del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales; a 2.522.306 empleados; siendo la población en esa misma fecha de 46.339.567 personas, lo que supone que un 5,44% de los residentes españoles son empleados públicos.

Tomando como base cifras del año 2010, periódicos como “20 minutos” nos presentaban datos acerca de los empleados públicos con los que España cuenta en relación con el número de empleados públicos que tienen otros países europeos. España tiene 1 empleado público por cada 15 habitantes, mientras que países como Francia cuentan con 9,6 empleados públicos por habitantes, siendo la media europea de 10.8 funcionarios por habitante; teniendo por tanto España casi cinco trabajadores menos de lo que es  normal en Europa.

(http://www.20minutos.es/noticia/1540303/0/espana/cola-europa/empleados-publicos/).

Por tanto no podemos seguir diciendo el tópico de que en España hay demasiados funcionarios públicos.

 

En segundo lugar, para lograr que la Administración funcione nos dice la Constitución que ésta deberá actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación; de todos ellos el que más nos interesa ahora es el principio de eficacia. Para que una Administración sea eficaz tienen que serlo, principalmente, el conjunto de empleados de ésta, ya que los empleados de la Administración son los garantes de que ésta funcione y lo haga conforme a los principios que establece la Constitución, por ello la actuación de los funcionarios tiene que ser eficaz para que tengamos una Administración eficaz.

Entiendo que es esencial que los empleados públicos debieran estar sometidos a pruebas de productividad y medidores de niveles de desempeño para que exista un control real de la actividad de estos y así ejercieran su actividad con más control, ya que esto llevaría a una mejor tarea de muchos de los funcionarios y empleados públicos.

El incentivo de productividad es un complemento salarial que retribuye el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que desempeñen los puestos de trabajo los empleados públicos. Los términos transcritos están tomados de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

 

El concepto de incentivo de productividad es adecuado, el problema es cómo se mide este rendimiento, dedicación o interés con el que los empleados públicos desempeñan su tarea; estos índices no son fáciles de medir y por eso en la realidad el incentivo de productividad se convierte en un mero complemento ligado al puesto de trabajo, por lo que acaba desvirtuándose.

 

Buscando índices de productividad de los funcionarios encontré un articulo que recomiendo leer y del que transcribo una parte “España ha experimentado el crecimiento más elevado de la productividad pública, el 16% acumulado hasta 2003, muy superior al 9% en Alemania, y al 5% de Francia, de Italia y del promedio de la UE-15. Este buen comportamiento relativo contrasta con la evolución de la productividad del sector privado, cuyo crecimiento ha sido el más bajo (49% acumulado entre 1980 y 2003, frente al 60% de Italia, el 94% de Francia o más del 100% de Alemania, Reino Unido, EE.UU. o del conjunto de la UE-15). No se trata de defender a los empleados públicos a cualquier precio. (…) Además, en el reciente Estatuto Básico de los Empleados Públicos plantea el reto de pivotar la promoción profesional y retributiva sobre la evaluación del rendimiento.” (http://fiscalizacion.es/2007/09/06/la-productividad-del-funcionario-3/) Con estos datos, en todo caso destemporalizados pero orientativos, quiero recalcar que la productividad de los empleados públicos no es nefasta como se piensa, sino que hay que contextualizarla y para ello me sirvo de un libro que se escribió al respecto y un articulo de la web “elfuncionario.com” que lo comentó; el libro dice así: “Este marco de análisis no está exento de cautelas, sobre todo por el sentido mismo de la medida de la «productividad» del sector público. Muchas de sus actividades no son cuantificables, como la diplomacia, la justicia o la defensa. Además, incluso en aquellos casos en que esta actuación se puede cuantificar (como la sanidad o la educación), habitualmente no se puede convertir en valor añadido al ser «servicios de no mercado» y no disponerse de la variable precios, lo que distorsiona el análisis de la productividad.(…) Como consecuencia, es habitual que el debate público se centre en una discusión sobre cómo reducir los costes, en lugar de sobre cómo proveer a los ciudadanos de los servicios que demandan.”  http://efuncionario.com/2011/09/15/¿que-es-la-productividad-del-empleado-publico/

Y copiando una de las conclusiones del articulo “No existe ningún indicador fiable de productividad de los servicios, o del personal que los presta, que sea homologable entre las distintas Administraciones Públicas, y menos aún en comparación con las industrias o empresas de una nación.”.

Es cierto que medir la productividad de los empleados públicos es difícil, por ello considero que lo único que nos queda para intentarlo es someterlos a control externo creando o utilizando órganos que existen pero cuyas funciones están desvirtualizadas, como las Juntas de Personal, y que realmente controlen el rendimiento y la actividad de las unidades a las que teóricamente controlan. Así por ejemplo podrían crearse reuniones semanales en las unidades de cada Administración Publica para establecer qué hacer en esa semana, y al iniciar la próxima, además de establecer los propósitos de esa semana, controlar si los de la semana anterior se han cumplido.

Lo importante es hacer que la Administración además de cumplir con la función pública para la que es creada lo haga siendo eficaz.