En la evolución del empleo público
hemos pasado de un sistema cerrado o de carrera donde todo el personal basaba
su relación laboral en el derecho administrativo a un sistema mixto con orientación
hacia un sistema “abierto” debido a la creciente incorporación al servicio de
la Administración de trabajadores cuya relación con ésta se encuentra
fundamentada en el derecho laboral-contractual.
Nos encontramos por tanto, con
dos clases de personal, funcionarial y laboral. Dos clases de funcionarios que
en muchos casos llegan a ejercer las mismas funciones con las mismas
retribuciones, aunque el acceso al ejercicio de la función pública haya sido
completamente diferente.
El principal problema, desde mi
punto de vista, es que esa incorporación de personal laboral no se hace bajo
procesos de selección objetivos y respetando los principios de mérito y
capacidad, lo cual provoca:
En primer lugar, una
discrecionalidad en la contratación, que lleva a lo que popularmente se conoce como el “enchufismo”,
el “amiguismo”,… porque en muchos casos para acceder a esos puestos de trabajo
es necesario ser afiliado o simpatizante del sindicato afín o del partido político
que gobierne en cada Administración.
En segundo lugar, al no haber en
una gran mayoría de los casos, estos procesos de selección objetivos, incorporamos muchas
veces, a la gestión de los recursos públicos a personas que no tienen los
conocimientos necesarios que requiere el puesto de trabajo provocando una baja eficiencia
que si obtenemos con personal preparado que acceden, por ejemplo, mediante
concurso-oposición con los conocimientos necesarios para el cuerpo al que se
unan.
En mi opinión, toda persona que
acceda a un empleo público debe hacerlo bajo mecanismos que aseguren la neutralidad
política, la imparcialidad y el mérito y la capacidad.
Si bien, creo que si es necesario que la parte directiva de la Administración sea personal
laboral al que se le exija unos controles, supervisión y resultados pero siempre teniendo en cuenta que estamos en
el ámbito de lo público y no de la gestión privada. De tal manera, que si no se
consiguen los resultados requeridos podamos sustituir a ese personal directivo
por otros que asuman dicho reto y responsabilidad.
Busquemos la excelencia, la
eficacia, la capacidad en las actuaciones del sector público rechazándose cualquier
otro procedimiento de acceso, que no sea de igualdad, mérito y capacidad, así
como una administración de los recursos humanos atendiendo a criterios de eficiencia y
no a intereses políticos o electorales.
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