Reflexión personal realizada por Alina Aleida Veguilla Gamaza. 

MERITOCRACIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Si analizásemos la percepción general de los ciudadanos con respecto al funcionamiento de la Administración, relacionaríamos, probablemente, las principales críticas de los administrados con cuestiones tales como la corrupción, la excesiva burocracia, una baja productividad, desmotivación de la plantilla funcionarial o deficiencia en el mandato de quiénes gestionan los servicios prestados. Es preciso, por tanto, preguntarse: ¿Qué podemos hacer, desde el punto de vista directivo, para que esta situación mejore?

Además de las numerosas actuaciones referentes a la plantilla, me gustaría destacar en esta entrada el concepto de meritocracia como elemento central o eje sobre el que debería versar el proceso de desarrollo de la organización de la Administración Pública, haciendo referencia principalmente a la función pública directiva. Puede parecer una simpleza e incluso una obviedad centrarnos en este concepto, pero la imposición de un sistema basado en el mérito, de una forma real, para todos aquellos que pertenezcan a la Administración, ayudaría sin duda al desarrollo de la actividad pública, pues sitúa a los más adecuados y preparados en cada puesto directivo. Todos somos conscientes de las numerosas deficiencias de las Administraciones Públicas españolas debido al acaparamiento que realizan los cargos políticos con respecto a estas decisiones, de manera que es preciso separar a los directivos públicos del enchufismo político para lograr una mejor organización administrativa, así como mejores resultados.  

Ciertamente, la deficiencia organizativa es palpable, puesto que el sistema se encuentra repleto de cargos nombrados “a dedo” que ostentan los principales puestos dentro de la jerarquía administrativa, de hecho se antoja una práctica que con normalidad realiza el aparato político con la excusa del procedimiento de libre designación, lo cual hace que se desaproveche el talento y la capacitación de personas que quedan excluidas de estos puestos por el simple hecho de no ser familiar o conocido del cargo político en concreto.

Como contrapunto a lo dicho, cualquiera podría pensar que el hecho de que los políticos se encuentren en su cargo procede de la confianza ciudadana que se ha depositado a través del proceso de elecciones, y que por tanto están en su derecho de hacerlo como más convenientemente crean, pero pienso que el verdadero problema surge cuando la necesidad de realizar cambios en la Administración va más allá de ciertos límites que pueden hacer quebrar la objetividad exigida en la Constitución, precisamente en su artículo 103.1, que constituye uno de los pilares básicos del proceso del ejercicio profesional de los funcionarios. Por desgracia, cada día son más los casos en los que se propasa este principio constitucional debido a la arbitrariedad absoluta de los políticos en este sentido.

España no debe mirar hacia otro lado ante esta realidad, las normas están para cumplirlas, pero también para cuestionarlas. Debemos abogar, si queremos la mayor eficiencia y eficacia posible, por la meritocracia implantada realmente, no solo para una parte de la Administración, para lo cual es necesario un esfuerzo de nuestros representantes políticos, crear un marco legal que englobe esta necesidad, así como establecer sanciones contra quienes vulneren este proceso. Propongo por tanto un sistema que propicie un cambio hacia un modelo de Administración dirigido por los mejor cualificados, ir más allá de lo que creemos tradicional y crear órganos independientes que garanticen este proceso de manera transparente, igualitaria, con concurrencia y publicidad, valorando las habilidades y los méritos de aquellos que deban dirigir las principales decisiones, de manera que llevemos a la Administración española al lugar que se merece.