Nueva guerra sindical abierta en el Consistorio como consecuencia de las decisiones en materia de personal del gobierno local que preside María José García Pelayo. A finales de la pasada semana la mesa general de negociación abordó un asunto que lleva gestándose desde hace más de un año: la idea del equipo popular de hacer funcionarios sin oposición libre a unos 300 contratados laborales fijos. Un auténtico agravio comparativo en un Ayuntamiento que está pendiente de sentencia del Supremo por un ERE para 260 empleados que fueron despedidos en 2012; en un Consistorio que tiene en su nómina a unos 900 laborales indefinidos que no podrán concursar; y frente a una ciudad con más de 36.000 desempleados que no tendrán opciones de acceso a pujar por estos puestos de empleo público. Las diferentes secciones sindicales, CCOO, UGT, ATMJ y SIP, se abstuvieron o directamente votaron en contra la pasada semana del posible proceso de funcionarización y únicamente CGT, la supuestamente beneficiada con este proceso, avaló el punto 3 del orden del día denominado ‘modificación de la plantilla municipal’.
Ya el Sindicato Independiente de la Policía (SIP) remitió un comunicado asegurando que el gobierno local “ni siquiera ha efectuado un análisis individualizado del personal laboral fijo para determinar con exactitud el número de trabajadores que cumplen los requisitos básicos establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público en su Disposición Transitoria Segunda, donde se regula como requisito para poder optar a este proceso que el personal laboral fijo estuviese desempeñando funciones de personal funcionario con anterioridad al 13 de mayo de 2007”. En este sentido, mantienen que “el derecho a la carrera profesional de los actuales funcionarios se vería gravemente lesionado al ocuparse las plazas con personal laboral fijo a través de este proceso”. Y es que, “la mayor parte del personal laboral tiene carácter indefinido, por lo que no podrá acogerse a este proceso ni tampoco a plazas de laboral fijo”. Como avanzó la propia alcaldesa la pasada semana, la propuesta recoge la creación de plazas de personal laboral fijo para teóricamente “consolidar” a los indefinidos, si bien en estos momentos la legislación vigente no lo permite.
Fuentes sindicales ya han alertado que los planes pasan por “montar algún tipo de procedimiento que se salte a la torera la Ley pero que tenga apariencia de legalidad, justo lo que vienen haciendo casi en todas sus decisiones de Personal”. “El gobierno del PP hará por la cara funcionarios a los ‘suyos’ y les garantiza un blindaje por lo que pueda pasar en el futuro”, aseguran estas fuentes consultadas por La Voz del Sur Jerez. “Ahora mismo está todo el mundo con la mosca detrás de la oreja, todos los sindicatos están recelosos porque se teme que pondrán algún tipo de prueba que permita excluir a aquellos laborales que no sean de su cuerda (PP o afines), mientras que los contratados indefinidos están indignados porque también se les cierran las puertas”, añaden.
Cuando se planteó hace ahora un año este proceso que quiere impulsar García Pelayo, la Agrupación de Técnicos Municipales (ATMJ) ya remitió una carta al personal municipal avisando que el procedimiento no va dirigido a los contratados laborales indefinidos, ni a todos los contratados laborales fijos, sino sólo a los que a 13 de abril de 2007 se encontrasen en la situación indicada y sin que los ayuntamientos puedan cambiar la fecha de corte, según viene manteniendo el Tribunal Supremo. No obstante, la citada fecha puede ser modificada por la futura Ley de función pública, que algún día ha de aprobar nuestra Comunidad Autónoma, o por alguna ley estatal de naturaleza básica. Por ello, el sindicato sostuvo y mantiene que “ante la manifiesta discriminación que se dará entre los empleados municipales laborales y el agravamiento de la situación de debilidad en la que se encontrarán los no beneficiados y ante la imposibilidad de abordar sucesivos procesos de funcionarización, entendemos que, mientras no se dicte la citada ley autonómica, lo prioritario ha de ser acometer un proceso de consolidación del empleo temporal, encaminado a la conversión de los laborales indefinidos en laborales fijos. Y una vez se haya culminado, emprender el proceso de funcionarización que sea oportuno”. Sea como fuere, con el horizonte electoral de 2015 cada vez más cercano en el tiempo, la guerra y la polémica está servida. El PP quiere a toda costa remontar en las encuestas y recuperar parte de la credibilidad perdida entre el grueso de la plantilla municipal.
Fuente:
http://lavozdelsur.es/pelayo-quiere-hacer-funcionarios-sin-oposicion-libre-300-laborales-del-ayuntamiento/
No coincido con la idea que tiene el grupo popular de cambiar a 300 contratados labores a la condicion de funcionario sin oposicion, me parece un cambio injustificado que permitiria a 300 personas ser funcionario sin la necesidad de pasar la oposicion correspondiente para serlo. Me parece una decision unilateral y con claros intereses por parte del grupo popular de Jerez de la Frontera.
ResponderEliminarEstas decisiones tomadas por el Gobierno local del Ayto. De Jerez podrían ser denunciadas ante los tribunales ya que según el artículo 62.1.a) del Estatuto de Empleados Públicos sólo podrán adquirir la condición de funcionario de carrera las personas que hayan superado el proceso selectivo, ya sea por oposición o por concurso-oposición. Se trata de una medida injusta, que solo favorece a una minoría. La cual, accederán a un puesto fijo de la Administración obviando el carácter abierto y la libre concurrencia de los procesos de selección de los funcionarios de carrera.
ResponderEliminarAdemás de su clara ilegalidad, coincido con los sindicatos en que esta medida parece tener como objetivo proteger a los trabajadores de su partido político.
Noticia más que interesante la que presenta la compañera, para darme más cuenta aún de lo poco fiable que resultan algunas corporaciones en cuanto a la transparencia y a la forma de trabajar. Además vemos que el acceso a la función pública no es ni de lejos como debería de ser según el sistema implantado en España de función pública.
ResponderEliminarSi decimos tener un sistema abierto, asentado en el mérito, vemos que este ayuntamiento no cumple ya con este principio, pues el mérito a mi entender debe de ser algo mucho más objetivo de lo que se pretende con esta medida. Además es un precepto constitucional amparado en los Artículos 103.3 y 23.2 de la CE, luego se vulneraría este principio constitucional, en el que además se sostiene que el acceso a la función pública se hace por mérito y capacidad.
Además el art 23.2 se asienta sobre la igualdad que debe de haber para todos al acceso a la función pública. Principios que se van a vulnerar de manera flagrante con la toma de esta medida, no debemos con esto entender que en la promoción interna una vez adquirida la condición de funcionario, se infrinjan estos principios, ese es otro tema.
El hecho es claro, no se puede consentir, si ya de por sí, hay infinidad de trabajos en los que se accede por favor personal o por cualquier otra circunstancia que te da facilidad, los laborales que pretenden ser convertidos en funcionarios no están en igualdad de condiciones y además puede que no hayan hecho méritos para obtener esa condición de funcionario, por lo que considero la decisión de Pelayo completamente fuera de lugar y fuera de la época en la que nos encontramos.
No podemos dejar al arbitrio de las personas una decisión tan importante como es la adquisición de funcionario y además viendo como Jerez tiene muchos desempleados que perfectamente podrían optar a ese puesto si superan las pruebas pertinentes.
En mi opinión el personal laboral no debería ocupar puestos de funcionarios sin estar cualificados o sin haber optado a estos puestos con el procedimiento correspondiente . Deberían acceder con todos los derechos por los que accedieron sus compañeros , es necesario una igualdad ante el funcionamiento de las administraciones publicas para mostrar una transparencia y eficacia a la sociedad.
ResponderEliminarProduce una desventaja al personal funcionario capacitado para este puesto , ya que ocupan 300 plazas trabajadores " privilegiados" o favorecidos .
Los funcionarios por ley tendrían que optar a este puesto por un proceso selectivo señalado , por lo tanto considero cierta desigualdad e irregularidad legal en la decisión que toma el ayuntamiento de Jerez.
Situaciones como esta produce desconfianza a la sociedad española con respecto a los entes públicos, produciendo una menor colaboración publica de los ciudadanos ya que estos ven peligrar su bienestar .