Reflexión Personal: Ética Pública, corrupción e importancia de la educación.

Con ocasión del estudio de la cuarta lección relativa a los aspectos éticos en la función pública, pudimos contemplar que los principios básicos de la ética pública eran: diligencia y honestidad, conciencia, madurez de juicio, responsabilidad y sentido del deber.

La quiebra de estos principios, una actuación de los servidores públicos en la que no se aprecie estos elementos, traen consigo la corrupción. Es en este aspecto donde me centraré y expondré algunos factores que, a mi entender, contribuirían de forma decisiva a acabar con este comportamiento tan censurable.

La crisis que azota al país ha sido definida por muchos no solo como una crisis económica sino también de valores. La situación de precariedad en la que nos encontramos los españoles (ahora dicen que menos) ha servido también para que afloren los mayores escándalos de corrupción de todo el periodo democrático. No es raro levantarnos con noticias relativas al caso de los ``ERE´´, Bárcenas, Gurtel etc. Por si fuera poco, el poder judicial tampoco se ha visto exento de este tipo de escándalos, inhabilitaciones como la de los jueces Baltasar Garzón o Elpidio Silva están a la orden del día. En definitiva, España vive tiempos convulsos en los que la corrupción y otros delitos contra el orden socioeconómico y la Hacienda Pública se han extendido por todos los poderes del Estado como si de un mal endémico se tratase.

Pero, ¿A qué se debe este afloramiento de la corrupción? ¿Se trata de un fenómeno reciente? Aunque considero que este tipo de cuestiones no pueden ser contestadas con precisión, intentaré aproximarme a una posible respuesta.

En mi opinión, el principal motivo es sin duda la educación o, mejor dicho, la falta de ella.

 Los españoles hemos sido víctimas de constantes leyes de educación que han servido para poco más que reflejar los ideales del partido en el poder, siempre más preocupados de hacer imperar su ideología que de inculcar la correcta formación y aprendizaje de los estudiantes.

De este modo y enlazando con el tema que nos ocupa, el resultado de una mala educación, se materializa en nuestra posterior actuación profesional, en la que posiblemente acabemos exteriorizando comportamientos que poco se ajusten a los principios éticos públicos, algo así como el árbol que crece torcido, que jamás volverá a enderezarse.

Así, cuando los ciudadanos culpamos a la clase política, a los jueces, a los directores bancarios de actos negligentes, olvidamos que éstos no conforman una estirpe o clase diferenciada del resto de la sociedad, sino que solo son personas que han tenido la oportunidad de ocupar un puesto de responsabilidad y poner en práctica sus valores. Con esto quiero decir, que no se puede hablar de clase política corrupta, sino de sociedad corrompida. 

Para cambiar esta situación, no existe una solución rápida y eficaz. Se trata de trazar una estrategia, un plan de actuación que, con el transcurso del tiempo y mucho esfuerzo acabe surtiendo efecto y cuyos resultados se reflejen en un desempeño de los servidores públicos mucho más diligente y responsable.

De nada sirve modificar el Código Penal (siempre ha de ser aplicado como Ultima Ratio) endureciendo las penas relativas a estos delitos, pues aunque en un principio pueda tener efecto disuasorio, el problema de fondo no quedará erradicado.

 Por tanto y a modo de conclusión, debemos evitar políticas efectistas y apostar por políticas activas y fijadas a largo plazo junto con la promulgación de una ley educacional definitiva dictada con el consenso de toda la sociedad y en la que se promuevan y consoliden unos valores éticos adecuados. También sería importante para la consecución de este fin, una mayor transparencia en el ejercicio de las funciones  de los organismos públicos y una mejora de los sistemas de control que garanticen el buen hacer de las administraciones en aras de un buen servicio público.