Casi tres de cada diez directivos españoles justifican los regalos para conseguir un negocio

Recursos Humanos RRHH Press - La intensidad de la crisis sigue siendo para algunos directivos la coartada perfecta para justificar conductas poco éticas en el mundo de los negocios. Es el caso de los regalos relacionados con el ocio y el entretenimiento, que son una práctica justificada para casi tres de cada diez directivos españoles.

Este dato se une al hecho preocupante de que el 94% de los mismos considera que la dirección de la compañía estaría dispuesta a tomar atajos para conseguir sus objetivos cuando la media de Europa es del 56%.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la 12ª edición del informe Global Fraud Survey 2012 de Ernst & Young, que se adentra en cómo las empresas han hecho frente al aumento del riesgo de fraude y corrupción durante la crisis.

Además, pese a que el 60% de los directivos consultados en España opina que las prácticas corruptas en el entorno empresarial no se producen en nuestro país, el 34% sí las reconoce como habituales dentro de nuestras fronteras, una cifra superior al 22% de la media de Europa.

Algunos directivos se apoyan en la presión por conseguir objetivos en un contexto de crisis económica para incumplir las normas internas de las empresas y las leyes. En concreto, el informe muestra un preocupante aumento del uso de los regalos relacionados con el ocio y el entretenimiento para conseguir un contrato: así lo afirmaron el 26%, diez puntos más que en el anterior informe; también crece el porcentaje de quiénes no ponen objeción al uso de regalos personales para conseguir un negocio, del 2% al 12%. Sin embargo, los pagos en metálico han descendido del 18% al 12% en el mismo periodo.

El actual escenario de recesión de la actividad económica puede generar una relajación en el nivel de compromiso con la ética en los negocios y el consiguiente aumento del fraude, el soborno y la corrupción. “Lejos de bajar la guardia, las empresas deberían reforzar la eficiencia de sus sistemas de prevención. Esta recomendación también es extensible para quienes invierten en mercados emergentes donde la amenaza es mayor si cabe que en Europa Occidental y, además, cuyas consecuencias también pueden ser muy negativas para el crecimiento internacional de la compañía”, explica Ricardo Noreña, Socio Responsable de Forensic de Ernst & Young.

Los riesgos de los mercados emergentes

Las empresas de todo el mundo, incluidas las españolas, han encontrado en los mercados emergentes la alternativa para impulsar sus ingresos. Sin embargo, solo el 46% de los españoles consultados en el informe reconoce que esta expansión conlleva también una serie de riesgos relacionados con el fraude y la corrupción, por debajo del 61% registrado de media en Europa Occidental.

Una de las principales amenazas es la relativa a la responsabilidad de la empresa ante la implicación de terceras partes que puedan actuar en su nombre como, por ejemplo, los agentes comerciales contratados para abrir negocio en nuevos mercados. En este sentido, el 26% de los españoles no considera que ello les genere problemas ya que no entraría dentro de su responsabilidad el delito que pueda cometer un intermediario. Sin embargo, el 36% sí considera que su empresa podría verse afectada por una actuación fraudulenta de terceras partes.

A la hora de gestionar la relación con los intermediarios, las empresas españolas optan, principalmente, por la comprobación de los antecedentes de terceros, por las bases de datos de proveedores aprobados, así como por la verificación de quiénes son los propietarios de la sociedad que tiene relación con la compañía, si bien en un porcentaje menor que la media de Europa Occidental. Este aspecto es llamativo si se tiene en cuenta que “una de las razones por las que se producen tantas situaciones irregulares o gastos excesivos en las empresas –explica Noreña– es, precisamente, por la falta de rigor en las comprobaciones de quiénes son esos terceros al iniciar la relación comercial o al renovar esta. Por eso, pensamos que deberían incrementarse estos controles así como unas políticas de renovación de las relaciones comerciales con terceros, en las que se compruebe, al menos cada dos años, con quién se están haciendo negocios”.

Efectividad de los controles

Con el fin de prevenir las prácticas fraudulentas, la mayoría de las compañías afirma haber establecido controles para ello, sin embargo, su efectividad se ve en entredicho según los resultados del informe.

El 86% de los consultados en España considera que la dirección de la empresa ha comunicado claramente su compromiso para prevenir la corrupción, y el 74% asegura que dispone de un código de conducta y de políticas anticorrupción que, además, establece las sanciones para quienes las vulneren. Sin embargo, solo uno de cada dos directivos tiene la impresión de que un empleado es sancionado por la empresa cuando infringe las normas.

A la hora controlar el cumplimiento de esas políticas internas, las compañías españolas prefieren el establecimiento de auditorías internas periódicas y de canales internos de denuncia como mecanismos control, frente a las auditorías realizadas por terceros que, en cambio, sí son más empleadas por la media de países europeos.

Sobre la posibilidad de implantar en España un sistema de incentivos para denunciar conductas fraudulentas a través de canales de denuncia, tal y como ya establece la Dodd Frank Act en Estados Unidos, el 62% de los directivos españoles se muestra favorable a su uso frente al 38% de la media de Europa Occidental.

En cuanto al papel de las autoridades y los organismos reguladores en la lucha contra el fraude, los directivos españoles consultados reconocen su labor para perseguir los casos de soborno y corrupción, aunque, en opinión del 86%, no suelen conseguir sentencias condenatorias para quiénes infringen las leyes o estas se producen muy a largo plazo. Por eso, casi el 90% cree necesaria una mayor supervisión por parte de estos organismos con el fin de reducir el riesgo de fraude, soborno y corrupción frente a solo el 61% de media en Europa Occidental.

“También sería deseable una mayor concreción de determinados supuestos de la legislación penal y una mejora en los actuales niveles de formación de la Administración de Justicia en relación con el funcionamiento de las empresas, el mundo de los negocios, las finanzas y la contabilidad. Una adecuada especialización de los jueces penales en esta materia y el apoyo de especialistas en finanzas, contabilidad o informática forense contribuirían, a buen seguro, a que la Administración de Justicia fuera más rápida y efectiva”, explica Ricardo Noreña. Y añade que sería necesario “un mayor pragmatismo a la hora de aplicar la Ley en aspectos como, por ejemplo, la búsqueda del dinero defraudado o la reparación del daño causado”.

Fusiones y adquisiciones

Por último, en lo referido a las operaciones de fusiones y adquisiciones, las empresas españolas se muestran más cautelosas a la hora de cerrar una operación y, por eso, ha crecido el número de directivos que aseguran que su compañía ha realizado una due diligence antifraude, bien antes de cerrar la compra o bien durante el proceso de integración de la compañía, concretamente del 75% al 81%. Esta cifra es más alta que el 53% registrado de media en los países de nuestro entorno. “Aunque la respuesta dada puede tener implícito un cierto grado de confusión entre lo que es una due diligence financiera y una due diligence en materia de cumplimiento penal”, concluye Noreña.

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