La laboralización del empleo público.

Aportación personal de Estíbaliz Cabral Parra.

Hoy en día, como todos sabemos, la Administración no sólo tiene a su servicio a personal funcionario trabajando, sino que esta además dispone de personal laboral. Este proceso de inserción del personal laboral en la administración pública ha creado una dualidad de situaciones en la realidad del empleo público en nuestro país.

Junto con este proceso se ha ido desarrollando paralelamente otro conocido como laboralización del empleo público, que supone una cierta privatización del sistema de organización de los funcionarios sometidos a un estatuto.

A grandes rasgos, este proceso supone que pueda darse movilidad horizontal y vertical de los funcionarios, que tengan capacidad para actuar en la negociación colectiva, que se les reconozca el derecho a sindicación y huelga, y que además puedan plantear conflictos colectivos a través de medios extrajudiciales de solución. Además, la influencia de la laboralización también se ha acentuado con la reciente importación de figuras laborales como los planes de empleo.

Sin embargo, hemos de poner en tela de juicio este proceso de laboralización ya que, además de los problemas que se han derivado como consecuencia del mismo, no parece ser constitucional. Así, según la STC 99/1983 la opción de nuestra Constitución había sido “por un régimen estatutario, con carácter general, para los servidores públicos”.

En definitiva, este es uno de los muchos casos que se pueden encuadrar dentro de lo que se conoce por parte de la administración como “huida del derecho administrativo”.

La evolución de la función pública no ha de consistir en la privatización de la misma sino que esta debe hacer frente a sus exigencias a través de sus propios mecanismos, haciendo compatibles la protección de los intereses generales y la garantía de los derechos de los profesionales.