Noticia enviada el 6 de Marzo por
Elena Losada Díaz
La Oficina del Gobierno que vigila el enriquecimiento de altos
cargos es "débil" y controlada políticamente, según la Comisión
Europea
A estas alturas de la democracia española resulta que cuando un ministro, secretario de Estado u otros
altos cargos de la Administración Central dejan el puesto, no hay un procedimiento de
vigilancia fuerte e independiente que asegure que se han
enriquecido en el cargo y que no van a hacer nada incompatible con su labor
pública. Así lo critica el capítulo dedicado a
España del primer informe sobre
Corrupción de la Comisión Europea. El débil esquema de control se viene manteniendo tanto con
gobiernos del PSOE como del PP.
De acuerdo con la Ley actual, los que dejan el
cargo, pasan a teórico control de la Oficina de Conflictos de Interés
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que
dirige Cristóbal Montoro. Durante dos años, los ex siguen
cobrando el 80% de su sueldo para que no trabajen durante ese tiempo en ninguna
empresa o banco sobre los que hayan dictado resoluciones, pero no hay garantía
de cumplimiento. La obligación de la Oficina es "detectar posibles
vulneraciones, abrir procedimientos disciplinarios y proponer sanciones a las
entidades que dan empleo al ex alto cargo", señala el informe, pero
asegura que "su poder es débil". Tiene rango de apenas subdirección general y está encuadrada en la secretaría de
Estado de Administraciones Públicas que dirige Antonio Beteta.
"La Oficina puede
detectar el incumplimiento e investigar, pero solo cuando hay una
acusación formal y previa autorización del
Ministerio de
Hacienda y Administraciones públicas", lamenta el informe de la Comisión
Europea.
"No está claro qué metodología aplica de verificación
del cumplimiento de la ley. Y al ser parte del Ministerio, la Oficina no es
independiente ni tiene autonomía presupuestaria", señalan los expertos de
Bruselas. En su opinión, "la independencia es clave para
garantizar una verificación imparcial de las actividades y patrimonio de los
altos cargos". No considera por tanto suficiente, aunque reconoce que
supone una avance, la recién aprobada Ley de
Transparencia impulsada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
y aconseja al Gobierno "reforzar la capacidad de la Oficina de
Conflictos de Interés para que pueda llevar a cabo sus investigaciones de una
forma independiente y efectiva y que pueda aplicar sanciones disuasorias".
También reclama que "un organismo independiente" tenga
capacidad de velar si se cumple la Ley de Transparencia.
Si el control es insuficiente
en la Administración central lo es más aún en los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, donde la
Comisión Europea echa de menos "códigos de conducta exhaustivos" para
altos cargos con "adecuada rendición de cuentas e instrumentos
sancionadores frente a potenciales vulneraciones". También
"reglas coherentes" en todos los niveles de la Administración
para vigilar el enriquecimiento e incompatibilidades.
Éste es solo uno de los
aspectos criticables del informe. Que con todo lo que ha llovido de corrupción
en España todavía haya que leer esto en un documento de la Comisión
Europea no hace extrañar que los españoles destaquen en la Encuesta del
Eurobarómetro cuando son preguntados sobre si hay corrupción en su país. Responden que sí un 95%, por encima del tampoco
nada desdeñable 75% de la media europea.
Noticia original en :
Encuentro esta noticia muy relacionada con la corrupción del servicio público y la ausencia de principios éticos en los servidores públicos.
ResponderEliminarHe de reconocer que es la primera vez que oigo hablar de la Oficina de Conflictos de Interés, pero lo que aún me parece más increíble es que ésta dependa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que requiera de una previa autorización para iniciar sus actuaciones.
No me extraña que la Comisión Europea advierta que esta medida de control es insuficiente y que ni siquiera será suficiente con la nueva ley de Transparencia.
No hace falta estar muy conectado con la actualidad española para saber que, en este país, ser ministro o presidente es el paso previo para ocupar un alto cargo en una empresa energética, banco o cualquier otra que concentre un gran poder fáctico. Así, tampoco me sorprende que los cauces de control y supervisión sean tan ``livianos´´, es lo que interesa a la clase política. No se puede pedir control al mismo poder que se beneficia de su ausencia.
Es fundamental que este tipo de sistemas gocen de total independencia y autonomía, el principio de separación de poderes de Montesquieu es imprescindible para el buen funcionamiento de un Estado Democrático de Derecho y considero que, por desgracia, en España, el poder ejecutivo se entromete más de lo que debería en los otros dos, bien a base de ``decretazos´´o incluso eligiendo determinados cargos judiciales que comulgan con sus ideales.
Noticias como éstas, no hacen más que reflejar que algo no hemos hecho bien durante mucho tiempo en España. Me gustaría recalcar la importancia de la educación como forma más eficaz de solucionar el problema de la corrupción. Cuando inculcamos buenos valores en una persona, muy posiblemente estaremos evitando que ésta, acabe actuando de forma negligente en su posterior desempeño profesional. Pero además, y como medida complementaria, es de vital importancia promover sistemas de control reales y eficaces que sean libres de todo tipo de influencias, solo así podremos alcanzar un buen servicio público que verdaderamente tutele el interés general.