Noticia propuesta por: GRIMA
CAMACHO, ALEJANDRO
Las funcionarias embarazadas de la Comunidad Autónoma serán trasladadas a otro puesto de trabajo si el suyo resulta peligroso para su salud o para la del feto. La Mesa de la Función pública ha aprobado un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo para las trabajadoras en estado de gestación o con hijos lactantes, que incluso prevé la baja en caso de que no sea posible encontrarle una plaza en la que pueda desempeñar su labor con total seguridad. Las mujeres representan algo más del 50% de los 50.000 funcionarios la Comunidad. Unas 500 son madres cada año.
Laoponiondemurcia.es 14.03.14
Las medidas recogidas en el
procedimiento que han consensuado el director general de la Función Pública,
Enrique Gallego, y los sindicatos representados en la mesa de negociación están
pensadas especialmente para las profesionales de la sanidad o de otros
servicios que desempeñan su trabajo en puestos en los que están en contacto con
enfermos o con sustancias tóxicas que pueden resultar nocivas para la salud de
la madre o del feto. También se aplicará a las funcionarias con hijos
lactantes, dado que les transmitirían los problemas de salud o las enfermedades
que ellas pudieran contraer. En principio, no se prevé este tipo de riesgos en
los servicios administrativos.
El acuerdo con los sindicatos
establece un plazo máximo de tres días hábiles para que la solicitud de una
empleada sea traslada a los servicios de prevención de riesgos laborales, que
serán los encargados de evaluar el peligro existente y de determinar qué
medidas es preciso adoptar.
El protocolo establece varias
alternativas para alejar a la madre de los riesgos que pueda presentar su
puesto de trabajo. La primera posibilidad es adaptar las condiciones de trabajo,
en caso de que sea posible adoptar medidas para evitarlo y que mantener a la
embarazada en su puesto no suponga una modificación extraordinaria en el
funcionamiento del servicio al que pertenece.
Cuando no sea posible esta
adaptación, se podrá encomendar a la madre otro tipo de tareas con carácter
temporal, dentro de <<su categoría, cuerpo o escala>>. Si tampoco
es posible esta opción, será necesario asignarle otras funciones,
<<acordes con su titulación, siempre que sean adecuadas a sus
capacidades>>. En el caso de que sea necesario apartarla del servicio en
el que desempeña sus funciones, porque no hay posibilidad de evitar el riesgo y
tampoco es posible encontrarle otro compatible, tendrá que ser reubicada
<<dentro de la misma localidad de residencia de la empleada pública, a su
elección, o en poblaciones limítrofes>>. La funcionaria tendrá un plazo
de cinco días hábiles para presentar alegaciones>>. Transcurrido ese
plazo, si no ha planteado inconvenientes, <<se procederá a la reubicación>>.
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1502895
Esta medida tomada por las CCAA a mi humilde parecer creo que es del todo acertada, ya que con ello conseguimos la redistribución de tareas que tan necesaria es a día de hoy, consiguiendo con ello que las embarazadas en vez de pedir la baja por maternidad o riesgo para el embarazo puedan seguir aportando a la empresa o la administración concerniente, es a groso modo una medida para evitar salvo caso necesario la baja de la trabajadora.
ResponderEliminarEs evidente que esta medida no puede tomarse en todo tipo de trabajos o funciones, estamos hablando casos en los que haya de por medio sustancias tóxicas que pongan en riesgo tanto el desarrollo correcto del feto como la salud de la embarazada. Por tanto es lógico que esta medida no se tome para puestos “corrientes” o de poco riesgo.
Sin embargo creo que el plazo que se le otorga a las embarazadas para solicitar el traslado es demasiado corto, tres días. Salvando este inconveniente, creo que las medidas que se toman son adecuadas, las dos opciones: tanto la de adaptar las condiciones de trabajo de la embarazada para con ello no tener que trasladar a un tercero y así poder mantener la eficacia del equipo laboral, como por el otro lado la de traslado de carácter temporal a otras tareas, que creo que es necesario en casos de fuerza mayor.
Al oír esta noticia, no he podido evitar pensar que estamos en una sociedad cada vez más concienciada con el papel de la mujer trabajadora, no sólo por el hecho de que esta medida hace cincuenta años hubiera sido inimaginable, sino porque es una señal de que viejos factores castrantes del pasado se están dejando atrás, se está consiguiendo la equiparación laboral de la mujer más si cabe aún, se está pensando en su salud y seguridad en el trabajo y se están intentando mejorar sus condiciones de trabajo.
Esta acción es indudablemente una buena medida para proteger a todas las mujeres trabajadoras y madres. Sin embargo, parece mentira que ahora, en el siglo XXI se considere estas disposiciones como “noticia”, desde luego, la mujer está completamente insertada en la sociedad como notables profesionales.
ResponderEliminarPor todos es conocido que en muchos trabajos las mujeres están infravaloradas y que en muchos casos el embarazo es motivo de despido, aunque se intente camuflar con otro calificativo o bien en las entrevistas de trabajo se utiliza como filtro de selección. A mi parecer, esto si debe ser noticia.
En esta noticia se refleja claramente la posibilidad de movilidad entre puestos de trabajo de las diversas Administraciones Públicas que ofrece nuestro Sistema de Empleo Público, lo que da a entender que el puesto de trabajo debe ser considerado como un elemento unitario de la estructura orgánica básica.
ResponderEliminarCualquier administración, de manera motivada, puede trasladar a sus funcionarios, a unidades, departamentos u organismos distintos al habitual en la misma localidad o incluso en otra distinta, manteniendo sus retribuciones y condiciones esenciales de trabajo, y siempre que existan puestos vacantes en la administración de destino.
Desde mi punto de vista, la adopción de esta medida dará lugar a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, en este caso de las trabajadoras que se encuentren embarazadas, permitiendo garantizar la eficacia del servicio que se presta a los ciudadanos.