El FMI exige a España que mejore su ley concursal para ayudar a pymes y autónomos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) exige a España que refuerce el marco concursal español porque no ayuda a pymes ni a autónomos, los grandes olvidados de todas las reformas que se han lanzado para reflotar empresas endeudadas o en quiebra. El FMI denuncia que el marco concursal español no está preparado para atender a las “microempresas, la mayoría de las cuales operan como compañías de un solo propietario”.

Las microempresas, que define como empresas con menos de 10 empleados, suponen el 95% del tejido empresarial español. A finales de 2012, el 53% no tenía otros empleados además de su dueño, el 29% contaba con dos trabajadores, y sólo el 4% reunía 20 empleados o más. El organismo subraya que estas empresas “tienen unas características únicas y unas necesidades que el marco concursal español no cubre, ya que se superponen los activos empresariales y personales, lo que lleva a los acreedores a tomar en prenda hipotecas de activos personales de los dueños y directivos”.

Además, el Fondo señala, que el régimen concursal es “infrautilizado por la pymes debido a los insuficientes incentivos para su uso”. A pesar del incremento de los concursos de empresas grandes y medianas, el uso del proceso por parte de las micropymes es todavía inhabitual: sólo doce de 10.000 micropymes lo usaron en 2012.

A juicio del FMI, esta escasísima utilización se debe a que las micropymes tienen escasos incentivos para acogerse al procedimiento. “Los planes de reestructuración son muy restrictivos y no obligan a los acreedores privilegiados y, sobre todo, a los públicos, es decir, a Hacienda y a la Seguridad Social”. En este último punto, el organismo destaca que “la mayoría de la deuda de las pymes es con acreedores privilegiados y públicos y su falta de habilidad para liderar los procesos y las votaciones lleva a que las refinanciaciones sean muy ineficaces para las pymes”.

“Estos procesos suelen acabar en liquidación automática”. “A todo esto se suma”, añaden desde el FMI,“la lentitud del proceso, su rigidez y la falta de fórmulas alternativas a los tribunales”. Estas críticas las realiza el organismo teniendo en cuenta el último Real Decreto-ley de refinanciaciones que entró en vigor el pasado 8 de marzo, y de la Ley de Emprendedores.

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