REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE LA ÉTICA PÚBLICA por Raquel Gil.

Diligencia y honestidad, conciencia y madurez de juicio, responsabilidad y sentido del deber. Son los axiomas de la Ética Pública, los principios que debieran orientar el desempeño y conducta de los funcionarios, personal laboral y dirigentes políticos. De los servidores de los público en suma.

Establecer estos principios, presentar la rectitud moral como valor necesario orientador de los actos de quienes desempeñan la función pública es relativamente fácil. Lo auténticamente difícil de lograr, siendo a un mismo tiempo lo verdaderamente fructífero, es la interiorización de estos valores.

La sociedad, el ciudadano de a píe, es consciente de la relevancia de la Ética Pública, de los propósitos, valores y principios que encierra esta expresión. Pero aquellos que debieran guiarse por ella no parecen estar tan concienciados, no parecen ser muy consecuentes con lo que ellos mismo predican y prodigan al inicio, al tomar un cargo o ascender en su carrera pública.

El porqué de mis palabras se encuentra en el interior de un periódico, en un telediario de la televisión, en algún programa de la radio y en distintos hashtag de Twitter. En lo que dicen y muestran y en lo que callan (esto último especialmente referido a  los dos primeros medios mencionados). Corrupción, malversación de fondos, cohecho o blanqueo de capitales son conceptos harto utilizados en la actualidad, inundan los medios de comunicación y están presentes en las conversaciones de bar. La corrupción se encuentra entre los principales problemas que más afectan personalmente a la población. Tal y como se desprende del último Barómetro del CIS, la preocupación que generan la corrupción y el fraude ha vuelto a sus cotas más altas.

Cabe preguntarse cómo hemos llegados a estos extremos, cómo es posible que la corrupción campe a sus anchas, haga y deshaga a su antojo. Las causas teóricas que se presentan como su origen son una legislación de baja calidad y la existencia de instituciones públicas débiles, incapaces de aplicar la ley y que no ofrecen mecanismos de control, supervisión y transparencia apropiados. Todo ello reflejo de fallos del sistema administrativo.

No cuestiono la veracidad de estas aseveraciones, los instrumentos de supervisión y control no han sido tales, no han cumplido su función, los defectos de nuestro sistema administrativos son evidentes. Pero hay algo más, nos encontramos en lo que se ha dado a llamar crisis de valores. Como apuntaba la Ley de Gresham de la Interacción Social, la corrupción pública hace que la buena conducta se vea desplazada por su antítesis y de esta forma las personas son inducidas por la presencia de unos pocos a adoptar un comportamiento interesado. Por ello, participo plenamente de la idea que propone, siendo tal que las instituciones deben ser diseñadas de forma que se valoren el altruismo o la solidaridad y la buena educación, pero sin que se puedan dar tales conductas por supuestas. Ello conecta con las propuestas de Klitgaard, que entre los frentes contra la corrupción coloca a las políticas educativas. Promover la decencia, la honradez, el servicio público y valores similares desde los primeros niveles de educación. Labor en la que debe colaborar la opinión pública, especialmente a través de los periodistas y los medios de comunicación serios, es decir, los que no son parte activa de la corrupción y practican la ética periodística. Los más escasos.

No voy a detenerme en la enumeración de causas abiertas consecuencia de esta ausencia de Ética Pública a la que me vengo refiriendo, pues como digo son bien conocidas. Pero antes de finalizar sí voy a plantear una última cuestión que considero importante. Como ya  se ha señalado los mecanismos internos de control han fallado, no se han presentado como útiles y eficaces para atajar y evitar las conductas contrarias a la Ética Pública. Dado el elevado número de procedimientos en curso podría pensarse que los servicios de control externos si han funcionado, que son adecuados y han puesto coto a estos conductas delictivas que vulneran al EBEP, a la Constitución y a la sociedad misma. Sin embargo, hay que ser conscientes de que los casos más importantes no han sido destapados por la Fiscalía Anticorrupción ni por la Inspección de Hacienda, sino a raíz de denuncias formuladas por quienes se han sentido ofendidos por quedar expulsado (por una causa u otra) y verse privado del reparto (así ocurrió con la Operación Gürtel y su derivada el caso Bárcenas).

Resulta pues que los mecanismos de control del Estado parece que no atrapan sino a los incautos, pues no han detectado ninguno de los grandes casos de corrupción.

De hecho, no en pocas ocasiones las asociaciones ciudadanas se han visto en la tesitura de tener que suplir la inactividad de instituciones que debieran velar por el cumplimiento de la Ley. Lo cual es indicio de un despertar de la sociedad, de los ciudadanos, una sociedad cada vez más madura, activa y vigilante, fortaleciéndose como infraestructura ética. Es un primer peldaño, pero a nadie puede escapar que insuficiente, se requiere del resto, se necesita apoyo político, un marco legal eficaz,  adecuados mecanismos de socialización profesional y sistemas y procedimientos de control, internos y externos, variados, coordinados y sobre todo con una actividad que se adecue a su denominación, que examinen, detecten, contrasten, verifiquen.

Los servidores públicos se deben a la sociedad, lo que justifica las prerrogativas de las que gozan es su dedicación al  interés general, que debe ser real, respondiendo su conducta a la transparencia y estar sometida al control público. Es preciso promover la responsabilidad individual y el ejemplo profesional, y generar una cultura institucional que no sea tolerante con los conflictos de intereses.