El PP extremeño plantea ampliar las penas hasta diez años de prisión o doblar el plazo de prescripción de los delitos de soborno. Teniente anuncia que el Gobierno regional será el primero del país que aplicará, en varias semanas, una política interna antisoborno.
El Partido Popular de Extremadura, liderado por José Antonio Monago, registró ayer en el parlamento regional una propuesta de pronunciamiento, con la que se anticipa una vez más al Gobierno central, instándole a que apruebe la primera ley antisoborno de España. Está basada en nueve puntos "para combatir la corrupción" y, entre ellos, destacan la ampliación de la pena hasta diez años de cárcel y del plazo de prescripción del soborno --de cinco a diez años--, dotar de mayor financiación a la administración de Justicia o tipificar en el código penal la financiación ilegal como un soborno.
"Si uno escucha a los ciudadanos entenderá que todo lo que se haga contra la corrupción siempre será poco, porque es mucho lo que queda por hacer", afirmó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo, Cristina Teniente, tras el Consejo de Gobierno. La ley pretende "atacar la corrupción desde el origen" y disponer de los instrumentos que "ya tienen en los países más desarrollados". En concreto, se trataría de dar "un paso más allá" del código penal, que ya tipifica el delito de cohecho, y "dotarnos de leyes ambiciosas contra la corrupción".
La propuesta del PP extremeño se registró durante la jornada de ayer en la Asamblea, y Teniente expresó su deseo de "alcanzar un acuerdo unánime de las fuerzas políticas". La regidora añadió que la normativa sería "compatible" con la ley de transparencia y con otras medidas que está estudiando el Gobierno de la nación. En esta línea, anunció que el Gobierno extremeño presentará en unas semanas su propia política interna antisoborno, con lo que será el primer gobierno de España en hacerlo.
La responsable regional señaló que se necesita una ley que "defina delitos y determine a los responsables desde la base", una ley antisoborno "integral" que "condene al que lo acepta y al que lo ofrece", sin importar "si es un partido el que soborna o una empresa". En consecuencia, se deberán adoptar medidas "preventivas" para que "todo el mundo se responsabilice y se conciencie", porque la corrupción "se combate entre todos y nunca mirando para otro lado". Para la vicepresidenta, las relaciones entre el sector público y privado deben disponer de una "normativa contundente", para que la ley antisoborno "defina claramente cómo se debe actuar".
PLAN Y EXPULSION La nueva normativa incluiría nueve puntos para combatir la corrupción, y que implicarían, en primer lugar, la "expulsión inmediata y obligatoria" de los acusados por soborno en partidos políticos, patronal y sindicatos. En las instituciones públicas, asociaciones, fundaciones y empresas, se les apartaría preventivamente de sus funciones hasta que hubiese una condena firme.
Por otra parte, todas las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, fundaciones y entidades del sector público y privado deberán "implementar" un plan antisoborno, que sería aprobado por sus máximos órganos de gobierno. Asimismo, se propone que los trabajadores firmen una "declaración responsable" en la que se comprometan a contactar, ante cualquier duda o conocimiento de un caso, con el departamento legal u órgano competente.
El soborno declarado por sentencia firme conllevará la anulación de los contratos públicos, y las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, fundaciones y entidades del sector público y privado, asumirán la "responsabilidad del delito" si se demuestra que no se han llevado a cabo los controles y mecanismos para impedir el soborno. En esta línea, Teniente añadió que la propuesta propone que los condenados por corrupción respondan patrimonialmente con sus bienes personales hasta devolver la parte afectada por el soborno.
La pena de prisión debería ampliarse hasta los diez años y el plazo de prescripción, desde los cinco años actuales hasta los diez años. La financiación ilegal de los partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones tendría que tipificarse en el código penal como soborno con penas de hasta 10 años de cárcel. Teniente agregó que el Poder Judicial debe contar con una financiación adecuada y "con más medios materiales y humanos para dar mayor celeridad" a las causas de corrupción.
Entre otros asuntos, el Consejo de Gobierno autorizó la segunda convocatoria de subvenciones del Gobierno de Extremadura destinada a los ayuntamientos de la región para la financiación de las ayudas de protección social urgente en este año 2014, por un importe total de 852.000 euros. En concreto, se trata de una prestación extraordinaria, que se dirige a garantizar de manera temporal la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia de los ciudadanos que, por razones sobrevenidas o por la falta de recursos, no puedan hacer frente a los gastos específicos para cubrir dichas necesidades.
Noticia publicada originariamente en El Periódico de Extremadura.
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/monago-propone-gobierno-apruebe-ley-antisoborno-corrupcion_836862.html
Tras la multitud de casos de corrupción que se están presentado en los distintos gobiernos y partidos políticos ya era hora que alguien tomare ciertas medidas para acabar con ello y no solo señalar lo mal que está que todos hagan ciertos favores a costa de llenarse los bolsillos. Ya hay tipificados delitos sobre este tema en el código penal, pero la justicia hasta ahora ha sido insuficiente y debería haber sido reforzada. Y no es que hasta ahora no se hayan empezado a cometer este tipo de delitos que vienen de antaño, sino que a todos les ha dado por mirar hacia otro lado.
ResponderEliminarLos distintos delitos sobre la administración que nuestra normativa recoge son ineficientemente sancionados, con penas escasas para los que juegan con el poder que les otorgamos los ciudadanos y con el dinero que es público. Hasta ahora han sido descubiertos escasos hechos sobre el tema pero estoy segura que pocos pueden decir que hayan tenido un comportamiento que podamos llamar “admirable” y cuando la justicia ha logrado acusar a los responsables de tales actuaciones hay que decir que las penas que se les han impuesto son insuficientes si tenemos en cuenta la gravedad de lo que han hecho.
Puede que la propuesta del Gobierno extremeño sea excesiva, pero tal vez esta es la única manera de que los políticos y el resto de funcionarios de la administración se den cuenta de la importancia de los cargos que ocupan y de lo necesario que es que tengan un comportamiento ético y responsable. Creo que es una buena medida que se amplié el plazo de prescripción para denunciar el delito de soborno, al igual que veo que el hecho de que el que cometa el delito deba responder por su cuantía con el valor de su patrimonio es la única manera de hacer ver que sus funciones no son un juego, que el que ocupa un puesto de trabajo o cargo que es financiado con dinero público debe tener ciertas responsabilidades con los ciudadanos. Otra de las propuestas es la expulsión del acusado por cometer el delito de soborno, que más que obligar a su expulsión deberían ser ellos mismos los que tendrían que dimitir pero está visto que no lo hacen, y en el caso de las penas creo que es excesivo que estas aumenten hasta 10 años sino que bastara para concienciar a la gente que de los delitos tengan que responder con sus propios bienes.
Por otra parte estaría bien que el resto de gobiernos hicieran también algo al respecto y que adoptasen sus propios planes y normas sobre ello, empezando por el Gobierno de la Nación Española que debería haber actuado hace mucho y más cuando se ha visto sorprendido por multitud de acusaciones hacia su partido, debiendo en tal momento haberlo aclarado o dimitido.
Está visto que esta es la única manera de solucionar las cosas, hemos tenido que llegar a ver muchos casos de corrupción en España para empezar a actuar contra ello. Sin duda alguna una gran propuesta la del PP Extremeño, esperemos que sea aprobada y que enseñe algo al resto.