Los sindicatos mayoritarios responderán al unísono a la reformulación de la Administración que pretende efectuar el Gobierno catalán. Al menos si este hace caso del informe elaborado por una comisión de expertos avanzado por EL PAÍS, que aconseja limitar el estatus de funcionario y restringirlo únicamente a aquellos que en virtud de su empleo deban ejercer la autoridad. El resto de empleados públicos pasarían a ser personal laboral de la Generalitat.
Fuentes del Gobierno admitieron ayer que ya han recibido el estudio, pero aseguraron que todavía no lo han analizado y que es posible que sus postulados no coindidan con los del Ejecutivo.
"Hemos hablado con el resto de sindicatos y plantearemos una confrontación unitaria”, explicó Xesús González, coordinador de la Función Pública de CC OO, quien consideró que el planteamiento que realiza el informe es el de una “Administración de "hace unos siglos, en manos de cargos de confianza”. UGT, que tampoco ha tenido acceso al informe, se sumó a las críticas y aseguró que la reforma crearía “una Administración catalana privada al servicio de un partido gobernante”. Para el sindicato, se trata de “un cambio en el modelo de servicios públicos y de sus usuarios: de ciudadanos a clientes”.
El secretario general de UGT de Cataluña, Josep Maria Álvarez, afirmó que el informe “carece de credibilidad”. Y su homólogo en CC OO, Joan Carles Gallego, recriminó al Gobierno de intentar hacer creer "que sobran funcionarios", pese a que España es uno de los países de la Unión Europea donde el ratio de funcionarios es más bajo de toda Europa.
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